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Bonafede: Reclama la urgente reglamentación de la Ley de autismo

El concejal del partido “Frente Santa Fe para todos”, Silvio Bonafede, presentó un Proyecto De Resolución en el que solicita al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, “la urgente reglamentación de la ley provincial Nº 13.328 sobre Diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social, y protección integral de personas con trastornos del espectro autista (T.E.A) y/o trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D) sancionada el día 30 de noviembre de 2012, y que no ha sido reglamentada para su aplicabilidad”.

En el artículo 2º del proyecto se requiere que se envíen copias al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, Dr. Mario Drissun, al Sr. Intendente de la ciudad de Rafaela Arq. Luis Castellano, y al Subsecretario de Salud del Municipio Dr. Eduardo López.

Entre los argumentos del escrito se explica que “se considera persona con (TEA) y/o TGD al conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo, principalmente en tres dimensiones: la interacción social, la comunicación y la presencia de intereses y actividades estereotipadas, que generan predominio de conductas repetitivas, e impiden y/o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social”.


Los niños con TGD -a los que les resulta muy difícil llegar a valerse alguna vez por sí mismos- no sólo necesitan acompañantes terapéuticos sino un sistema educativo y sanitario que les ofrezca contención especial. Por lo que muchos padres dependen para el tratamiento de su hijo solo de la obra social y si ésta no contempla todos los aspectos de su rehabilitación no lo pueden hacer porque los costos son altísimos. La detección precoz y el tratamiento a la temprana edad mejora la calidad de vida y el mejor desenvolvimiento y autonomía de los chicos.
Entonces es ilógico que la ley que regula la problemática (Nº 13.328) en la provincia de Santa Fe no haya sido reglamentada por el Poder Ejecutivo 17 meses después de haber sido sancionada.

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