La reforma judicial que encaró el gobierno deberá atravesar una semana clave, tanto en el Congreso Nacional –donde cuenta en el Senado con los votos necesarios– como ante las reacciones que generaron las distintas iniciativas puertas adentro del Poder Judicial.

Tras las críticas opositoras a la modificación del Consejo de la Magistratura y a establecer un límite para las medidas cautelares, el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, convocó para mañana al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para que exponga sus argumentos. Desde la Defensoría General de la Nación también apoyarán el cuestionamiento con que la modificación de la aplicación de los amparos podrían avasallarse derechos de sectores vulnerables.

En tanto, la Asociación de Magistrados dará a conocer hoy un comunicado en el que se pronunciarán sobre las objeciones que la organización que aglutina a los jueces encontró en los seis proyectos que están siendo debatidos en el Congreso. Aunque no creen que puedan participar del debate, van a dejar sentada su posición institucional en contra tanto de que los candidatos al Consejo de la Magistratura tengan que integrar listas partidarias, como del nuevo sistema de mayorías para tomar decisiones en su seno. También cuestionarán que la administración de fondos del Poder Judicial pase al Consejo, que –como reveló Tiempo Argentino– es uno de los temas que atravesarán el debate por su impacto concreto en el actual esquema gobernado por la Corte Suprema.

Como contrapartida, los abogados, fiscales y magistrados agrupados en Justicia Legítima buscarán consensuar un documento en apoyo a las medidas, pero con observaciones propias.

La tumultuosa semana se completará cuando, desde el miércoles, los judiciales agrupados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), conducidos por Julio Piumato, comiencen a las 10 un paro por 72 horas, en rechazo a la iniciativa que propone eliminar la autarquía del Poder Judicial en materia de administración de fondos, y al resto de los proyectos, incluido el de acceso democrático a la carrera judicial, que no contempla al gremio como veedor del proceso.