Un consorcio de instituciones públicas presentó un pedido de ser consideradas como Amigas del Tribunal en la causa «Cesanelli, Valentín y otros c/ Provincia de Entre Ríos s/ Amparo ambiental colectivo» (Expte. 487/2020), conforme lo dispone el art. 9º de la Acordada C.S.J.N. Nº 7/2013. Las instituciones que decidieron –apenas iniciado el fenómeno de los incendios en las islas del Delta y en otras partes del territorio provincial- involucrarse en el compromiso de la defensa de la biodiversidad son la Municipalidad de Rosario, la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y Centro de Investigación y Transferencia Rafaela (CIT Rafaela)- CONICET.
La intervención como Amigos del Tribunal tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas para ilustración de la Corte Suprema (cfr. arts. 4 y 13).
El pedido se fundamenta en que «la trayectoria, cometidos, desempeño actual y experticia, pueden contribuir significativamente a diseñar de la manera más justa y eficiente los remedios que esa causa exige a los fines de evitar un verdadero colapso ambiental», según señalan las instituciones.Más de una década
En su presentación, las instituciones consideraron, entre otros argumentos, que desde el 2008, año en el que comenzó a visibilizarse un cambio radical de las formas productivas tradicionales y ancestrales, se han incrementado las acciones antrópicas predatorias, entre ellas, el desmanejo del fuego con fines de aplicarse a la renovación de pastizales para uso de ganadería intensiva; que el Delta Superior es un macromosaico de humedales y constituye una de las áreas más ricas en biodiversidad del país y que los habitantes de la zona, que pueblan una de las regiones metropolitanas más habitadas de la República Argentina, han sufrido y sufren constantes y severos daños transfronterizos a su salud.
En términos categóricos, se refieren a un auténtico «ecocidio» que amerita los aportes que las instituciones pueden hacer, para ayudar a que el Tribunal resuelva con mayores argumentaciones.
Por otro lado, estimaron que el ecosistema del Delta del Río Paraná, su flora, fauna y biodiversidad así como el aire de calidad constituyen bienes ambientales colectivos que integran el macro bien colectivo ambiente (art. 240 CCC). Sobre esos bienes recaen derechos de incidencia colectiva (art. 41 CN y 14 CCC) de los que son titulares y que se vinculan a través de una relación de disfrute que justifica su interés en participar en la causa, incluso para tomar intervención en la etapa cautelar que merezca, como así también las eventuales audiencias ordenatorias, informativas y/o conciliatorias que se realicen.
En ese marco, recuerdan que «el Delta Superior es un macromosaico de humedales y constituye una de las áreas más ricas en biodiversidad del país. La gran heterogeneidad ambiental -en la que coexisten especies de distinto origen- producto de diversos procesos geomorfológicos, hidrológicos y climáticos, determinaron diferentes patrones de paisaje habitados por una biota rica y abundante de origen subtropical y templado».
Además, recuerdan que «los habitantes de la zona, que pueblan una de las regiones metropolitanas más habitadas de la República Argentina, han sufrido y sufren constantes y severos daños transfronterizos a su salud por los humos que producen las quemas ilegales sistemáticas y descontroladas provenientes del lado entrerriano, sin perjuicio de señalar la contaminación de los recursos paisajísticos y del aire que respiran».La acción del Estado
Para hacer frente a la depredación ambiental los Estados concernidos, luego de años de tratativas, aprobaron un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el
Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (PIECAS) en el año
Sin embargo, no han logrado prevenir ni controlar los daños; ello a pesar de los ingentes esfuerzos actuales desplegados, fundamentalmente por el Estado Nacional a instancia del Gobierno de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario. La provincia de Entre Ríos se ha mostrado incapaz de ejercer razonablemente su poder de policía ambiental.
Subrayan en la presentación que «el ecosistema del Delta del Río Paraná, su flora, fauna y biodiversidad así como el aire de calidad constituyen bienes ambientales colectivos que integran el macro bien colectivo ambiente (art. 240 CCC). Sobre esos bienes recaen derechos de incidencia colectiva (art. 41 CN y 14 CCC) de los que somos titulares y conforme los cuales nos vincula con esos bienes una relación de disfrute aunque no posesoria, que justifica nuestro interés en la causa (incluso para tomar intervención en la etapa cautelar que merezca, como así también las eventuales audiencias ordenatorias, informativas y/o conciliatorias bajo la Acordada N° 30/2007).El amparo Cesanelli
«Las instituciones presentantes apoyamos la demanda de la parte actora, entendiendo que sólo bajo el resguardo institucional de esta Alta Corte de Justicia, se podrán maximizar los remedios que el ambiente y los habitantes de la región merecen. El amparo Cesanelli se presenta como un típico caso ambiental. Este tipo de acción genera un interés social inmediato en la remediación de un bien que todos los días es degradado y depredado. De allí que también estimemos que es trascedente que quienes tenemos responsabilidades institucionales que no pueden ser satisfechas por cuestiones competenciales podamos vehiculizar nuestros puntos de vista acerca de la responsabilidad de la demandada como así también desplegar ante el Alto Tribunal las soluciones técnicas que entendemos más factibles y apropiadas.
Destacan en la presentación que «las Universidades e Institutos Cientíticos han desarrollado conocimiento suficiente para remediar la situación. Cuentan con carreras y equipos de investigación y extensión no sólo dedicados a la producción de conocimientos básicos y aplicados al cuidado del ambiente sino también, específicamente, al de la Región concernida.
En ese sentido, describen que la Municipalidad de Rosario ofrece todo sus saberes y experiencias institucionales en el territorio, una historia al cuidado de los bienes ambientales, y específicamente, políticas públicas acerca del modo en que pueden evitarse los daños a la salud de las personas que viven y habitan Rosario. La Procuración General Ministerio Público
Ley 10.160 se especializa, entre otros cometidos, en la defensa del ambiente. Como tal ha hecho un uso intensivo de las nuevas acciones preventivas incorporadas al nuevo Código Civil y Comercial en relación, especialmente, con la prevención del daño ambiental; sin perjuicio de haber interpuesto amparos ambientales en litigación de impacto. De modo que las instituciones entienden que por trayectoria, cometidos, desempeño actual y experticia, pueden contribuir significativamente a diseñar de la manera más justa y eficiente los remedios que esta causa exige.