Locales

Comunicado de la Asamblea por los Derechos Humanos Rafaela

La ofensiva antidemocrática del gobierno nacional ha dado un salto muy peligroso. Si ante la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado desató una campaña de mentiras, encubrimiento e impunidad de la Gendarmería, ante la brutal represión en Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel por la Prefectura, la ministra Patricia Bullrich da carta blanca a todo accionar represivo: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”, declaró, avalada luego por el presidente Mauricio Macri.
 En un país que sufrió el genocidio de la última dictadura militar, y que en democracia sufre represión a las luchas sociales, gatillo fácil policial, militarización de barriadas populares, presas y presos políticos, encarcelamiento de procesados sin condena y asesinatos de dos jóvenes por fuerzas de seguridad al mando de la propia Bullrich, semejantes declaraciones marcan un salto en calidad de la escalada represiva del gobierno y el Estado.
 El gobierno hoy se ensaña en especial con los pueblos originarios, demonizando a los mapuches, reprimiendo a sus comunidades y amenazando con extraditar a Facundo Jones Huala, cuya libertad exigimos. De hecho, intenta someter al país y al pueblo a un virtual estado de excepción que avasalla las libertades democráticas y las garantías constitucionales.
 Esta escalada autoritaria no es casual: el gobierno macrista reprime porque pretende imponer un brutal plan económico que implica más precarización y pérdida de conquistas laborales, más baja salarial, más ajuste y más entrega. A eso apuntan sus reformas en materia laboral, previsional, fiscal, de salud y de educación, todas ellas antiobreras, antipopulares y en beneficio de los Benetton, Lewis, Chevron y demás corporaciones.
 En el plano local, advertimos con preocupación y repudiamos rotundamente los dichos del Jefe de Policía de la Unidad Regional V°, Fabián Forni, quien en diálogo con la prensa local, y luego de la visita del Ministro de Seguridad de la Provincia, expresó: “He tenido comentarios de que se ha vuelto a la reminiscencia del viejo sistema de la época militar, y me alegro de que así sea, que lo hayan observado”.
 Estas palabras, que de por sí merecen el máximo reproche, independientemente de quien las pronuncie, preocupan muchísimo más -claro está-, en boca de la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad (y de toda la Unidad Regional V°), ya que constituyen una clara afrenta a los más altos valores democráticos, y un discurso peligrosísimo, teniendo en cuenta la influencia que por sus funciones ejerce sobre las fuerzas que conduce.
 Como miembros de la comunidad organizada, entendemos que ésta representa uno de los actores claves para evaluar y controlar la gestión de las fuerzas de seguridad, y aportar desde aquí al desarrollo ético y profesional de aquéllas. Y en este sentido, no podemos menos que advertir con muchísima preocupación, reprochar enfáticamente y solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia que se tomen las medidas que correspondan. 
 No deben caber dudas al respecto, los derechos humanos representan un límite y señalan un horizonte en materia de seguridad.
 En otro orden, también manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad -aparentemente cierta- de que un joven que se desempeña como periodista en Rafaela, y que reivindica públicamente el rol de la última dictadura, asuma como Secretario de una Concejala que asume hoy en sus funciones. 
 En declaraciones públicas, esta persona no solo intenta reforzar permanentemente la teoría de los dos demonios para referirse a la última dictadura, sino que además -y por si aquello fuera poco-, también sostiene públicamente expresiones de odio transfóbicas y misóginas.
 En este sentido, llamamos a la reflexión a la concejala electa, para que revise su decisión –si es que ya está tomada- de incorporar al Concejo Municipal (cuerpo democrático por excelencia de nuestra ciudad), a esta persona que, con su discurso antidemocrático, cuestiona los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de un proceso que se viene realizando desde hace más de tres décadas en nuestro país.
 Finalmente, también queríamos señalar con preocupación la designación, como “asesor” ad honorem del municipio en materia de Seguridad, del ex Comandante de Gendarmería, José Caruso. Sabemos que el asesor llega a las más altas esferas de decisión en políticas de seguridad local, con denuncias previas por parte de organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, a raíz un operativo que tuvo a su cargo durante los primeros días del gobierno de la Alianza (Diciembre del año 1999), en el que se ordenó la represión de manifestantes en el puente Gral. Belgrano, y que resultó en decenas de heridos y dos víctimas fatales. 
 Cuestionamos el compromiso del “asesor” con los derechos humanos y los más altos valores de la democracia, los cuales –como ya dijimos- representan un límite y señalan un horizonte en materia de seguridad. Y por ese motivo, solicitamos a las autoridades locales revisen su designación como asesor del municipio en políticas públicas de seguridad.
 En síntesis, como parte de las luchas de nuestro pueblo para enfrentar las políticas represivas del gobierno de Macri, y preocupadxs por las políticas públicas a nivel local en materia de Seguridad y Derechos Humanos, invitamos al conjunto de lxs integrantes ese Concejo Municipal, y a la ciudadanía en general, a levantar las siguientes banderas:

 • Contra la escalada represiva y el ajuste del Gobierno Nacional.
 • Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 • Basta de Persecución a los pueblos originarios.
 • Fuera Patricia Bullrich.
 • Son 30.000 y fue genocidio.
 • Ni un genocida en libertad. No a las domiciliarias.
 • Apertura de todos los archivos.
 • Fuera la OMC (Organización Mundial del Comercio)
 • Solidaridad con el pueblo hondureño. Basta de Represión.
 • Exigir la rectificación pública de los dichos de Fabián Forni, y la revisión de su designación al frente de la Unidad Regional V° de Policía.
 • Rechazo a la incorporación al cuerpo legislativo local de cualquier persona que con sus dichos haga apología del Terrorismo de Estado, y que profese mensajes de odio contra la Democracia y los derechos de la ciudadanía en su conjunto.
 • Revisión de la designación y apartamiento del área de Seguridad del Municipio, del ex comandante de Gendarmería José Caruso.

Asamblea por los Derechos Humanos Rafaela

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