El vehículo estaba ocupado por dos personas mayores de edad y cuatro menores. Tras la fiscalización del rodado y de la documentación personal, se detectó que uno de los menores no contaba con documentación alguna que constate vínculos a los mayores. Tras consultar a la Fiscalía Penal en turno, se ordenaron medidas procesales y la intervención de la Agencia de investigaciones sobre Trata de personas y Violencia de género. 

Finalmente, y luego de las diligencias pertinentes se constató que estaría todo en perfectas condiciones. Se destaca la tarea de la policía de seguridad vial que profundiza sus controles, en casos como este, para que pueda intervenir la justicia y así determinar de manera fehaciente que no haya inconvenientes mayores.