Locales

El respeto por la ley, el dialogo y el bien común.

En la mañana del día de la fecha se sostuvo una reunión entre representantes del CCIRR y de la CGT Rafaela, donde además participaron secretarios del Municipio local para evaluar la situación a la cual está siendo sometida la empresa Corralón Dellasanta SA por parte de representantes del Sindicato de Camioneros de Rafaela, que en forma coercitiva demandan el encuadre de empleados en perjuicio del gremio de Empleados de Comercio, el cual a su vez reclama su justo derecho a no innovar, quedando la empresa en medio de una cuestión de encuadre gremial que debieran dirimir los mismos gremios.

Es importante recordar que toda cuestión vinculada al encuadramiento gremial del personal de una empresa, debe ser resuelta por las vías legales existentes, y a través de los mecanismos institucionales establecidos, siendo la Justicia la responsable, en última instancia, de determinar la resolución de estos conflictos y no la empresa, la cual debe quedar ajena a dicha decisión, y no como rehén de la situación.

El accionar que mantuvo el gremio de camioneros esta mañana en las inmediaciones de la empresa local, se aparta considerablemente de los canales legales e institucionales a los cuales se encuentra acostumbrada nuestra comunidad. El respeto a la ley, al diálogo, y la búsqueda de soluciones priorizando el bien común, siempre constituyeron el marco propicio para las continuas relaciones que históricamente han sostenido las instituciones y la democracia en la que anhelamos vivir.

De esta manera, el CCIRR y la CGT local a través del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, con posterioridad al encuentro manifestaron su total rechazo para con la situación actual, la cual podría extenderse a otras firmas de la ciudad, repudiando todo accionar de coerción y violencia que pueda afectar a la empresa y a sus trabajadores, perturbando de la misma manera, la libre circulación de bienes y servicios, de personas y desvalorizando, al mismo tiempo, la vía judicial institucional que corresponde a un Estado de Derecho.
Así las instituciones rafaelinas desean valorar y jerarquizar la intervención del Estado como custodio de los derechos de los ciudadanos, a través de la prevención por parte de las fuerzas de seguridad ante situaciones delictivas, y de la correspondiente investigación judicial de los hechos ocurridos.

En este sentido resulta imposible admitir que las discusiones entre gremios se diriman por la fuerza, y que "pierda" el que respeta la ley, y menos aún si esa discusión afecta los derechos constitucionales básicos de libertad de trabajo y circulación, intimidando mediante el miedo y la presión violenta.

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