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Gasto Público ¿cambiamos?

Desde que asumió el nuevo gobierno vengo hablando del mismo tema: el Gasto Público como problema central.  Pasados ya 15 meses desde la asunción del Presidente Macri, no se ha visto ningún plan serio que indique que haya intenciones de ir en la dirección correcta en este aspecto. Es más, el gasto sigue subiendo y el déficit fiscal está en niveles récord históricos.
Pero también debo decir que creo que hay una idea colectiva de la sociedad respecto a la imposibilidad de hacer algo para cambiar. Parecería que es aceptable soportar el ajuste del sector privado, con cientos de miles de despidos, negocios que cierran, empresas asfixiadas, ciudadanos al límite por la presión impositiva, pero que no es aceptable que se achique el Estado. 
Hoy quiero proponer algunas ideas que permitan visualizar que achicar el Estado es posible. Para ello, comenzaré con algo muy simple. 
Tomé el Boletín Oficial del 9 de marzo y, debo confesarlo, con muchísimo esfuerzo puse en un organigrama la ratificación de nombramientos de sólo cinco funcionarios del Ministerio de Producción que aparecieron ese día. Digo que no me fue fácil porque los nombres de cada dependencia no inducían a descubrir la función concreta de la persona a cargo. Terminé con un esquema parcial de 12 cargos en un Ministerio que seguramente tendrá más Secretarías, Subsecretarías y Direcciones Nacionales, con sus respectivas secretarias, telefonistas, y demás empleados, sin que para mí, quizás por ignorancia, sea fácil ni siquiera adivinar qué pueden hacer esas personas en su rutina diaria. Si se lee en el diagrama el nombre de dichas dependencias, seguramente se entenderá a qué me refiero.
Ahora, si esto lo proyectamos a los más de 20 ministerios nacionales, y a cada una de las administraciones provinciales y municipales, podríamos tener una idea más acabada de lo que significa un Estado superpoblado. En otras palabras, si realmente hubiera voluntad de ajustar, se encontrarían miles de puestos creados que no tienen ninguna utilidad pública y sólo suman al gasto final a cargo del sufrido contribuyente.
La corporación política tampoco tiene intenciones de ajustar el exorbitante gasto de las legislaturas en todos los niveles. Por ejemplo, debería fijarse el número de diputados nacionales en 250 (que, comparado con otros países, ya es extraordinariamente alto considerando el número de representantes por habitante), asignar hasta tres secretarios o asistentes por diputado y bajar el número de asesores, que debería ser hasta 30 por bloque, y no por legislador. De esa manera, no tendríamos a un Nicolás Dujovne como asesor del Senado con un sueldo de más de $30.000 (como lo era antes de asumir como Ministro) sin que realmente cumpla funciones activas. Y quizás también lograríamos que el diputado o senador que gana una elección tenga los pergaminos propios para poder cumplir con su rol sin tener que apoyarse en los asesores que lo apuntalen en los más mínimos detalles.
Ni hablar de los costos de las legislaturas provinciales, que manejan presupuestos millonarios sin que nadie controle la necesidad y la asignación de ese dinero. Sería muy útil que los ciudadanos conocieran cuánto cuesta cada legislador nacional y provincial.
No debería quedar afuera revisar el número de integrantes de los Concejos Deliberantes. Tener más integrantes no es garantía de mayor calidad democrática o republicana. Sí es garantía de mayor gasto para el ciudadano.
En conclusión, la corporación política se está haciendo la distraída (por ser educada) y mientras nosotros seguimos empobreciéndonos gracias a sus magníficas estrategias desde hace 70 años, la mayoría de los políticos siguen asegurándose su porvenir. Es tiempo que despertemos y tomemos conciencia que el cambio es posible. Pero no podemos esperar que la política se ocupe. No seamos ingenuos, el cambio los afecta principalmente a ellos. Somos nosotros que tenemos el poder para empezar a exigirlo, y debemos hacerlo ya.

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