Es pasada la medianoche. 4 jóvenes caminan por uno de los bulevares de la ciudad. Uno de ellos se detiene. Va con el aerosol en la mano. Decide garabatear una especie de figura encriptada en las paredes de un local de insumos para computación. No una vez, sino varias veces. Posiblemente no sea la primera ni única ocasión que lo haga. Así lo demuestra un video de las cámaras de seguridad de un comercio y que el dueño quiso dar a conocer, sobre un hecho ocurrido el año pasado. 
No hace falta más que caminar por las calles de Rafaela para darse cuenta de que la misma ha sido tomada por los graffitis, y desde hace bastante tiempo. Tanto lugares públicos como domicilios privados ven afectada su fachada por este tipo de vandalismo: vulgares pintadas realizadas con aerosoles que se reproducen hasta el cansancio. Paredes, portones, postes de luz, carteles de tránsito y hasta autos son objetos de la desconsideración absoluta de quienes no cuidan lo que es de todos, ni mucho menos lo ajeno.
El problema no es nuevo, ya que existe una ordenanza de vieja data (1994) impulsada por el exconcejal Luis Peretti que establece un registro de compradores de pintura en aerosol, a fin de que las autoridades locales tuvieran conocimiento de a quiénes se venden estos elementos, dado que si bien son una herramienta utilizada por muchos profesionales, también a ella acceden los que utilizan la pintura en aerosol para hacer daños. Una ordenanza que, a juzgar por los resultados, no ha dado los frutos correspondientes. Es que, por un lado, quienes venden los aerosoles generalmente no piden los datos a los compradores, o porque aunque lo hagan, es muy complicado determinar quién compró el aerosol que pintó tal o cual pared. 
Lo que ha llegado en parte a prevenir este tipo de hechos vandálicos son las cámaras de seguridad del municipio, que permiten a la Guardia Urbana atrapar "in fraganti" a quienes pintan graffitis. Incluso cuando se trata de un daño a un espacio público, los propios agentes de la fuerza local se constituyen como denunciantes del hecho. El problema es que gran parte de quienes realizan las pintadas son menores de edad, por lo cual todo queda en la nada. 
Está claro que aquí la cuestión pasa por la educación que cada familia pueda darle a sus hijos, para que éstos aprendan a cuidar lo que es de todos o a respetar la propiedad privada, y por otro lado, debería la ley y quienes son encargados de aplicarla, al menos obligar a reparar el daño ocasionado.