El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe —integrado por los jueces Luciano Lauría, Emilio Rosatti y Elena Beatriz Dilario— dictó sentencia en un caso emblemático para la provincia de Santa Fe: se trata de la primera condena obtenida mediante juicio oral y público tras la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y el nuevo sistema acusatorio.
El fallo derivó de una acusación impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel y del fiscal coadyuvante Federico J. Grimm. Tras las audiencias desarrolladas entre el 4 y el 6 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal logró la condena de Jordan Brandon Mejía Bustamante a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, más el pago de una multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso. Mejía Bustamante fue hallado penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de coautor.
El procedimiento en la Ruta Nacional 34
Tal como publicó en ese momento Rafaela Noticias, la investigación judicial se inició el 30 de noviembre de 2025. Cerca de las 22:00 de esa jornada, personal de Gendarmería Nacional Argentina apostado en un operativo de control a la altura del kilómetro 389 de la Ruta Nacional Nº 34, en inmediaciones de Ceres, interceptó una camioneta conducida por Mejía Bustamante.
Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron compartimentos acondicionados de manera oculta donde se alojaban 100 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían más de 100 kilos de cocaína. Varios de los panes presentaban un sello con la figura de un delfín y la leyenda "PREMIUM QUALITY, SATISFACTION GUARANTEED".
Los peritajes determinaron que la sustancia presentaba una concentración de pureza superio al 80%, equivalente a 893.888 dosis umbrales, con un valor de mercado estimado en más de 2.400.000 dólares. En dicho operativo también se secuestraron $23.550 pesos argentinos, USD 10, $120 pesos bolivianos, un iPhone 13 y documentación de interés.
La red criminal y la función de cada integrante
El rastreo de impacto de antenas telefónicas permitió reconstruir que el cargamento partió dos días antes del secuestro, el 28 de noviembre de 2025, desde la provincia de Jujuy. La maniobra fue ejecutada por una estructura organizada en la que intervinieron otras dos personas, quienes ya habían sido condenadas el 13 de agosto de 2026 mediante un acuerdo de juicio abreviado (acuerdo pleno):
- Elia Iriarte Mendieta (nacionalidad boliviana): Condenada a 7 años de prisión efectiva como coautora. Tuvo a su cargo la gestión financiera y logística, registrando a su nombre y comprando entre octubre y noviembre de 2025 la camioneta Jeep utilizada para el traslado. Durante el trayecto, se desplazaba por delante en un Toyota Corolla actuando como "puntera" o guía para alertar sobre controles policiales. Tras mantenerse prófuga con orden de captura, fue interceptada el 14 de abril de 2026 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bolivia. Al momento de la detención se le incautaron USD 33.000, $561.300 pesos argentinos y dispositivos electrónicos.
- Patricia Elizabeth Ávila: Condenada como partícipe secundaria. Cumplió tareas de apoyo no esenciales realizando recargas de saldo a través de Mercado Pago a las líneas telefónicas operadas por Iriarte Mendieta y Mejía Bustamante para garantizar las comunicaciones logísticas durante el viaje, recibiendo posteriormente una transferencia bancaria a modo de reintegro y compensación.
Decomiso de bienes
A partir de la pretensión del Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el decomiso definitivo de la camioneta Jeep Grand Cherokee empleada en el ilícito, así como de la totalidad del dinero en efectivo incautado en los procedimientos.