Locales

La Salud laboral como un derecho, no como mercancía

En este sentido, abogamos por una cultura de la prevención que debe darse con el dictado de una verdadera LEY DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. Además que incorpore la creación de Comités de Salud y Seguridad.
De igual forma, creemos que hace falta una revisión integral de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, ya que la normativa fue dictada a mediados de la década del 90 en pleno auge neoliberal y desde que se sancionó se insiste en la idea de evitar la Justicia del Trabajo, como si acceder a la justicia fuera algo negativo.

En cuanto a los futuros trabajadores afectados, ley establece que el acceso a la justicia por parte de los trabajadores se efectúa por medio de un RECURSO, el cual procede en relación y con efecto suspensivo, esto es, impidiéndose que el trabajador damnificado alegue nuevos hechos o produzca nueva prueba. Es decir, el acceso a la justicia se cumpliría por vía de un recurso. Así, se violan los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad, defensa en juicio y derecho a obtener una doble instancia jurisdiccional. Este recurso tendría efectos SUSPENSIVOS, esto significa que el trabajador damnificado NO PODRÀ PERCIBIR las prestaciones o indemnizaciones que incluso sean consentidas por la ART a la espera de la resolución judicial. Además, el procedimiento previo que deben tramitar los trabajadores resulta claramente inconstitucional. En consecuencia traerá aparejado mayor litigiosidad y será perjudicial y lesivo para los trabajadores afectados por enfermedades ó accidentes de índole laboral

Finalmente, la adhesión a la ley generará una norma inconstitucional, debido a que una facultad reservada por la Provincia de Santa Fe no delegada a la Nación, no puede ser dejada sin efecto por una ley provincial, conforme lo establecido por los art. 30,31 y 121 de la Carta magna. Desde el punto de vista constitucional adherir a esta ley afecta las garantías consagradas en los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 31, 75 de la C.N, como así también normas de protección internacional surgida, entre otros, en el Pacto de San Jose de Costa Rica y en el Convenio 95 de la OIT. También es sabido que las provincias que han adherido ya existen fallos declarando la inconstitucionalidad de dichas normas. Cuatro salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo han tachado de inconstitucional la norma que establece las Comisiones Médicas.

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