Este viernes estuvo en Rafaela el diputado provincial justicialista Avelino Lago, autor y mentor de la Ley Nº 13.328 referente a la Protección Integral de las Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y/o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). El legislador es además presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El tema que vino a abordar, junto con el grupo Padres TGD Rafaela, fue el descontento que existe en todos los que lucharon para que esta ley se apruebe en la Legislatura y que finalmente el gobierno socialista terminó reglamentando de manera contradictoria a lo que establece la propia norma. Aspectos tales como el diagnóstico precoz desde los 18 meses de edad; la importancia de un acompañante terapéutico para las personas con TEA y/o TGD; la libre elección de la institución escolar para los niños y adolescentes, con la consideración de un docente integrador en las instituciones; la inclusión en actividades deportivas y/o recreativas; e incluso la ayuda social pertinente para familias en situación social de riesgo, entre otros puntos, fueron descartados de la norma original sancionada en la Cámara de Diputados (el 29 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2012, en la Cámara de Senadores, hace poco más de dos años). Lago expresó que con esta reglamentación se dejó a más de 30.000 niños y adolescentes sin una respuesta acorde a sus necesidades. Por esto es que el legislador aseguró que junto con el grupo de padres irá a la justicia por entender que el gobernador tomó atribuciones que no le competen, ya que sólo puede vetar o promulgar una ley, pero no cambiarla a través de una reglamentación. Por lo que la idea de ir a la justicia es “para que se reconozcan los derechos que la ley (original) consagra”.
Historia de la lucha por la Ley
A continuación el relato del diputado Avelino Lago de cómo fue el proceso que llevó a la culminación de esta normativa.
"La historia de la iniciativa legal tiene su nacimiento en un grupo de padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo (TEA y TGD) que valientemente acercaron su inquietud dado el vacío normativo que existía tanto en la Provincia como en el país para poder hacer frente a la realidad de su vida diaria. A la vez que nos interiorizábamos de esta realidad, en innumerables ocasiones nos enfrentamos con relatos estremecedores de padres que recibieron un diagnóstico impensado ante lo que solo aparentaba ser una mera distracción por parte de sus hijos o un leve retraso madurativo solucionable con una profundización en el proceso del aprendizaje.
Desde allí, comenzó un arduo trabajo de elaboración de un proyecto surgido como resultado del consenso logrado entre organizaciones de la sociedad civil, grupos de padres, docentes y profesionales convocados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, y Rafaela, fundamentando la necesidad de implementar medidas urgentes que permitan la plena inclusión de una persona autista en la comunidad. Durante meses agotamos las instancias para encontrar los parámetros precisos, las palabras adecuadas para expresar lo que debía ser considerado pertinente tanto en lo científico como en el aspecto social, convocando a profesionales idóneos en la Provincia, por cierto escasos, para que desde el ámbito académico nos aporten aquellos elementos que resultaban imprescindibles en un proyecto de ley.
Por aquellos días, también emitieron sus opiniones destacados profesionales de instituciones de renombre como lo son la Sociedad de Pediatría Argentina, el Hospital Garrahan y PANAACEA, la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, el Colegio de Terapistas Ocupacionales, entre otros, apoyando tanto la iniciativa como el texto surgido del consenso en el que se contemplan todos los aspectos que refieren a la atención INTEGRAL de personas que padecen estos trastornos.
Ese proyecto surgido de la pluralidad de voces, finalmente fue presentado en la Cámara de Diputados y luego de su tratamiento fue aprobado el día 29 de noviembre de 2012 con 35 votos a favor y 4 abstenciones. Al día siguiente, en la Cámara de Senadores, la ley fue tratada y aprobada por UNANIMIDAD con los 19 votos a favor. Tras su aprobación en noviembre de dicho año, esta norma resultó vetada inmediatamente por el Poder Ejecutivo, que por Decreto N° 3906/2012 vetó 6 de los 16 artículos cuyo contenido resultaba sustancial en el espíritu mismo del texto legal. A modo de respuesta, se recolectaron 24 mil firmas en más de 170 localidades de la provincia a través de las cuales se pidió la ratificación de la ley aprobada en el 2012 por la Legislatura de manera originaria.
El 16 de mayo de 2013, el Gobernador decidió retirar el veto instaurado y ratificar en todos sus términos lo expresado por la Ley N° 13.328 de Diagnóstico Precoz, Tratamiento, Integración, Inclusión Social y Protección Integral de Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y/o Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), la que se promulgó en Julio del mismo año. Sin embargo, y a pesar de haber elevado un proyecto de reglamentación al Poder Ejecutivo con los aportes previamente señalados en la Ley, después de una demora de 21 meses, el publicitado decreto reglamentario no es más que un texto vacío que deja afuera los verdaderos derechos que tuvimos en cuenta a la hora de confeccionar la ley y que fuera aprobada por ambas Cámaras.
Nos sorprende entonces que el Gobernador Bonfatti no haya reglamentado los mismos artículos que quiso vetar oportunamente porque en aquel momento creímos iniciar un camino TODOS JUNTOS en pos de mejorar la calidad de vida de quienes padecen estos trastornos. Aspectos tales como el diagnóstico precoz desde los 18 meses de edad, la importancia de un acompañante terapéutico para las personas con TEA y TGD, la libre elección de la institución escolar para los chicos, con la consideración de un docente integrador en las instituciones, la inclusión en actividades deportivas y/o recreativas e incluso la ayuda social pertinente para familias en situación social de riesgo, entre otros puntos, fueron descartados de la norma original sancionada en la Cámara de Diputados.
No solamente que desoyeron las recomendaciones, sino que los funcionarios desconocen a los actores de esta lucha, sin haber al menos convocado una vez a los que hicieron posible esta Ley y que son quienes a diario enfrentan dificultades para que sus hijos puedan acceder a tratamientos de salud y a una educación inclusiva. Con esta reglamentación, lamentablemente no existe ningún avance respecto a la actualidad, dejando a más de 30.000 niños y adolescentes sin una respuesta acorde a sus necesidades".
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