La sesión del Concejo llevó más de dos horas y media, y el tema que más acaparó el discurso de los Concejales fue el debate por la necesidad de contar con un Tribunal de Cuentas municipal. Todo comenzó cuando se trató “sobre tablas”, un pedido del Frente Progresista Cívico y Social para saber cuál es el presupuesto de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión que está a cargo de la Dra. Amalia Galanti. Es que cuando se debatió el presupuesto el año pasado, dicha dependencia todavía no había sido creada; sí existía una similar de Gestión, Presupuesto y Auditoría a cargo de Marcela Bassano y que luego fue disuelta y reemplazada por la de Galanti. El concejal Lisandro Mársico indicó que la actual secretaría tiene menos funciones que la conformada en el 2011, por lo que supone que debe también tener menos presupuesto, y no los 13 millones de pesos asignados el año pasado. Además el edil puso en duda la utilidad del área que maneja Galanti, ya que consideró que “no tiene el grado de objetividad a la hora de auditar. No tiene independencia porque tiene que auditar a sus pares e incluso al propio intendente”. El concejal del PDP indicó que debe haber “independencia del órgano que controla” y pidió "reabrir el debate por el Tribunal de Cuentas". Fue en ese momento cuando comenzaron los cruces entre los ediles, donde no faltaron las chicanas políticas. Mársico le recriminó a Muriel que en diferentes notas periodísticas se había contradecido al hablar del costo que tendría implementar el Tribunal de Cuentas, pasando de 4 a 10 millones de pesos. El concejal justicialista por su parte, señaló que el exgobernador Antonio Bonfatti (del mismo espacio que Mársico) eligió “a dedo” a los tribunos en la provincia. Natalia Enrico pidió dejar de lado el análisis de otros ámbitos que no sea el municipal y solicitó “dar un debate poniendo sobre la mesa todas las propuestas (que hay presentadas por este tema en el Concejo) y lograr una propuesta superadora”. “Todos queremos que el ejecutivo sea controlado de manera independiente y que de la manera menos onerosa posible”, sentenció Bonafede. La concejala Evangelina Garrapa indicó que el tema “requiere un debate serio en el que se discutan todas las alternativas presentadas y que no se genere un manto de sospecha siempre” sobre el ejecutivo. Además recordó que si bien puede ser necesario un Tribunal de Cuentas, al ser Rafaela un municipio de segunda categoría, no está obligado a tener este órgano de control. Desde el lado del PRO, uno de los que habló fue el concejal Hugo Menossi, reclamando en sintonía con sus pares “un órgano externo de control que sea llevado adelante por la oposición”. “Si a la gestión la controlamos va a ser mejor”, señaló. Si bien no quedó nada acordado luego de los intercambios verbales realizados entre los concejales, ya que se trataba de un debate sobre un tema que al parecer tiene mucho por recorrer todavía en Comisión. Sí dio la sensación de que hay una acuerdo implícito de avanzar con este punto. E incluso se habló de mantener una reunión privada con el intendente Castellano para conocer su opinión al respecto.
Se aprobó la modificación del reglamente interno
Otro de los proyectos aprobados este jueves, tuvo que ver con la modificación del reglamento interno del Concejo. Entre los puntos más sobresalientes está el hecho de que de ahora en más los concejales tendrán la posibilidad de abstenerse de votar (algo que hasta el momento para hacerlo debían pedir la autorización del resto del cuerpo legislativo). Otro de los puntos modificados tiene que ver con el vicepresidente del Concejo se puede negar a dejar su banca para ocupar la presidencia, en el caso de que quien ocupa este cargo quiera “bajar” a la banca para votar.