Las agrupaciones Rafaelinos por la Vida y Rafaelinos por la Familia entregaron una nota al senador provincial Alcides Calvo, ante “el inminente tratamiento d ela Ley de Educación en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe”. El petitorio se reproduce a continuación.
“Como miembros de distintas comunidades educativas, preocupados por el bienestar de nuestros hijos, y de nuestras familias, estamos trabajando para que, a todos los padres, se les reconozca el derecho a poder participar en la elaboración del proyecto institucional de los establecimientos educativos a los cuales asisten sus hijos, ser parte de los necesarios espacios de formación, y escoger libremente el tipo de educación que los mismos habrán de recibir del Estado, conscientes que las normas mínimas que desde éste se prescriban en materia de enseñanza, necesariamente deben garantizar que el proceso de aprendizaje se funde en conocimientos científicos validados sobre los cuales exista acuerdo suficiente en la comunidad científica.
Asimismo, perseguimos que dichas normas mínimas aseguren que los conocimientos impartidos sean conformes a las costumbres y convicciones religiosas y morales de los funcionarios y docentes, y especialmente de nuestras familias, tengan en cuenta las particularidades comunitarias y locales, y consideren el grado de madurez y el desarrollo psicosexual de aquellos.
También, estamos bregando para que cualquier disposición que se adopte en materia de educación, respete la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de “todos” los miembros de las comunidades educativas, y asegure que, en el ejercicio de funciones que son propias de las familias, como parte responsable de las acciones de formación, los padres o representantes legales puedan guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, participando democrática y activamente en las instituciones a las cuales concurren, durante todo el proceso, y en todos los niveles, atento a que, como la normativa expresamente lo reconoce, para la Argentina la planificación familiar atañe a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales.
A su vez, queremos garantizar que los funcionarios y docentes no sean obligados a impartir conocimientos en contra de su conciencia y convicciones y que todos los padres y/o representantes legales de los niños que reciben educación en nuestra provincia, sean informados, con anticipación, a los talleres o jornadas de educación sexual, acerca de los ejes temáticos sobre los cuales se abordará.
Con todo esto, buscamos el respeto de derechos reconocidos por el ordenamiento nacional, y el fortalecimiento de las instituciones educativas y del rol de la familia; apostando por una educación laica que, respetando a la familia como célula básica de la sociedad encargada de la educación de los niños, enseñe a pensar y a razonar por sí mismo a los educandos, y no qué pensar, pues sus orientaciones religiosas, morales, sexuales o de cualquier índole corresponden al ámbito privado de la persona, en el entendimiento que Santa Fe, como en todo el país, se debe impartir educación sin imponer ningún tipo de perspectiva, ideología, o religión que no se adecue a los principios y valores morales de los integrantes de la comunidad educativa, para consagrar una verdadera democracia garantizando una diversidad donde todos somos respetados en nuestra manera de pensar y ver la vida protegiendo así “todos” los derechos humanos.
En este marco, a sabiendas que en los próximos días el Senado de la Provincia de Santa Fe dará tratamiento a la Ley Provincial de Educación, nos dirigimos a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, solicitando adopten las medidas necesarias para evitar que los contenidos de la norma que en definitiva se sancione, habilite la posibilidad de llevar a cabo, en el marco del proceso educativo de nuestros hijos, actividades dirigidas a brindar, en forma explícita o solapada, educación o información que se contraponga con los objetivos señalados supra, lo cual la transformaría en claramente inconstitucional, viciándola de cualquier tipo de legitimidad, en la medida que los mismos se basan en derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución de nuestra Provincia y demás normas nacionales.
Fundamos nuestro pedido en los arts. 14 y 33 de la CN; el art. 12 Inc. 4 de la C.A.D.H.; el art. 13 del P.I.D.E.S. y C; los arts. 18, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño; el art. 26 de la D.U.D.H., los arts. 12 y 23 de nuestra Constitución Provincial que consagran los derechos de enseñar y de profesar libremente el culto y de formación y defensa integral de la familia y del niño, de los que se desprende el derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y más íntimas convicciones, y el derecho de éstos a no ser perturbados en sus creencias y su integridad psíquica, y las Leyes 23.849, 26206 y 26150, actualmente vigentes.
Finalmente, destacamos que, para el caso en que se registre cualquier acto u omisión que de modo directo o indirecto importe desconocer nuestros derechos, adoptaremos las medidas necesarias, que legítimamente correspondan, para lograr el respeto irrestricto de los mismos”.