Locales

Preocupación de los corralones por la posible reinstalación del conflicto gremial

Los comercios de materiales para la construcción de la zona, manifiestan al CCIRR su preocupación por encontrarse aún al aguardo de una resolución por parte de las autoridades competentes, del conflicto de encuadramiento gremial iniciado el 9 de marzo en nuestra ciudad entre el Sindicato de Camioneros y el Centro Empleados de Comercio, y que afecta a dos empresas del sector, durante el cual se denunciaron penalmente delitos, amenazas, e intimidaciones, en un claro atropello a la libertad de trabajo y al respeto de las leyes que establecen los procedimientos judiciales correspondientes para canalizar estos reclamos. 

Gracias a la intervención política local, el conflicto llegó a la jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual deberá expedirse este viernes 17, luego de haber transcurrido los 15 días hábiles de la conciliación obligatoria. En este sentido, confiamos en que es viable una pronta solución, entendiendo que si no existe acuerdo de partes en esta instancia, el conflicto deba trasladarse a la justicia federal para su definitiva resolución manteniéndose mientras tanto la actual condición de “no innovar” que garantice el normal funcionamiento de las empresas y la paz social, sentando de dicha manera un importante precedente de responsabilidad e institucionalidad para los casos similares que pudieran surgir en el futuro.

La demora de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación -alertado recién 15 días después de iniciado el conflicto-, la insuficiente acción judicial ante los delitos denunciados, y la falta de intervención de las fuerzas policiales para la prevención y la seguridad de los afectados hasta el momento, nos despierta una honda preocupación sobre el rol que las instituciones competentes cumplirán una vez finalizada la conciliación obligatoria, ante las amenazas de reiniciar los reclamos violentos en otras empresas. Las instituciones policiales, judiciales y municipales deben garantizar la prevención del delito, la seguridad, y los derechos de todos los ciudadanos ante cualquier situación que altere el orden público.

Es compromiso de todos los ciudadanos la construcción de una sociedad mejor, pero es indelegable la responsabilidad del Estado en sus tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto a nivel local, como provincial y nacional, para la eficiente coordinación y actuación en el marco de sus obligaciones y facultades, garantizando la libertad de trabajo, de circulación y la seguridad personal, bases imprescindibles para la constitución de un Estado de derecho.

De esta manera, confiamos que todos los funcionarios y autoridades que han manifestado su compromiso y apoyo a la legalidad e institucionalidad por encima de la imposición de la fuerza y el delito, logren conjugar sus capacidades para garantizar la inmediata resolución de este conflicto que ya lleva más 35 días sin decisiones concretas. 

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