En el mediodía de este jueves, en los Tribunales de la ciudad de Rafaela se desarrolló una audiencia cautelar en la que la jueza Dra. Cristina Fortunatto determinó prisión preventiva no domiciliar para Silvia I. facilitamiento calificado de la prostitución por mediar abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas en concurso real con explotación económica de prostitución ajena calificada.
De la audiencia participaron la Dra. Cristina Fortunatto, el Fiscal Diego Vigo, el abogado defensor Germán Verna y la acusada Silvia I. Además estuvieron presentes la titular de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, Mónica Viviani y la Directora de Trata, Marcela Romagnolli.
En primer lugar, el fiscal Diego Vigo, solicitó prisión preventiva para la acusada como medida cautelar. Uno de los principales argumentos del Ministerio de la Acusación fue que cuentan con los elementos de convicción pertinentes que vinculan a la acusada con el delito.
Diego Vigo detalló minuciosamente el operativo que se dirigió desde la fiscalía por más de un mes, las acciones comenzaron el 8 de abril cuando en la delegación recibieron un manuscrito en el que se pedía que se investigue el local ubicado en Ramón y Cajal al 126.
Desde ese momento desde la Fiscalía dictaron las tareas pertinentes, comenzaron a vigilar la zona, y controlar el bar aledaño, donde detectaron la sorprendente presencia de las mismas personas “haciendo presumir que estaban vigilando”.
Otra de las averiguaciones encaradas por la fiscalía consistió en investigar en AFIP a la acusada, de ello se desprendió que la misma no posee información registrada de actividades económicas o sociedades que justifiquen su capital.
Luego de más de un mes de trabajo, de gran cantidad de información recabada, material fílmico e imágenes, el Fiscal solicitó a las fuerzas policiales allanamientos simultáneos por diversos delitos. En dicho allanamiento se comprobó que el bar estaba conectado con el local de calle Lavalle donde vivía la acusada.
En el operativo secuestraron entre otras cosas gran cantidad de preservativos, geles íntimos y juegos sexuales, cuatro televisores led, una computadora, una notebook, además de los recibos que acreditan el alquiler de la locación.
Se recataron cuatro mujeres, una con su hijo de dos años y otra con una bebé de tres meses. A su vez, si dictaron dos pedidos de paradero debido a que se encontraron los DNI de dos mujeres que no se encontraban en el lugar.
La hipótesis del fiscal es que “el bar sería la pantalla y ambos comercios de indumentaria (aledaños al lugar) son producto del enriquecimiento ilícito y lo que suele llamarse un “blanquiamiento””. Según el Municipio dichos comercios no estaban habilitados, por lo que se procedió a la clausura.
La pena prevista por este delito sería de entre 5 y 10 años, pero la acusada ya estaba cumpliendo una condena de prisión domiciliaria por cuatro años que había sido dictada en el año 2013 por explotación sexual de menores.
El abogado defensor de la acusada argumenta que su defendida vive con el alquiler de las habitaciones –que ella no sabría para que las alquila- y una pensión por uno de sus hijos que tiene una discapacidad, en relación a los bienes, justifica que fueron adquiridos por sus nueras y familiares.