Luego de la denuncia por abuso sexual en el Colegio San José de Rafaela y de conocerse que las cámaras de seguridad con que cuenta la institución no funcionaban perdiéndose pruebas que servirían para esclarecer el caso, se abrió un nuevo debate respecto la seguridad en las instituciones educativas y la utilidad de este tipo de dispositivos. Por ese motivo RAFAELA NOTICIAS dialogó con Armando Marinozzi, referente de la seguridad electrónica en la ciudad y Delegado Provincial de la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina, además de fundador de la cámara local que agrupa a las empresas del sector. Al respecto el entrevistado manifestó que no se encuentra regulado dónde se deben colocar cámaras dentro de las escuelas, por lo que podrían ponerse en cualquier lugar, salvo dentro de los baños por cuestiones de intimidad. Y agregó que incluso tampoco está normada la calidad de los productos que se instalan, lo cual es un problema. "Hoy cualquiera pone cámaras y no se está teniendo en cuenta la idoneidad del profesional que las instala, la calidad de los equipos y el mantenimiento y actualización de los mismos", declaró Marinozzi. Y luego pasa lo que se podría evitar: que al momento de necesitar imágenes claves para una investigación, las mismas no estén.  Para el especialista, antes de poner cámaras en las instituciones educativas, primero hay que preguntarse con qué fin se van a colocar. Para a partir de ahí elegir la ubicación correcta y el tipo de dispositivo a instalar, porque no es lo mismo -por ejemplo- pretender tener una vista panorámica de un lugar que intentar identificar personas. Una vez instaladas las cámaras se debe tener en cuenta el control y mantenimiento de los equipos y resguardar la confidencialidad de los datos que se obtienen a partir de las imágenes captadas. "Hoy por hoy no hay una lógica de mantenimiento como existe, por ejemplo, en los matafuegos o ascensores donde hay un certificado de mantenimiento; así que estamos bastante atrasados en ese sentido. Es algo que lo tiene que hacer el Estado convocando a las cámaras del sector y a los idóneos", indicó. Y agregó que "la cámara es muy útil para resolver un delito, pero lo que se nota es que no se está tratando con la importancia que tiene la cuestión de la privacidad, de la confidencialidad, porque tendría que haber empresas certificadas - instalando cámaras- para que haya una disponibilidad del material, que es lo que aparentemente no pasó aquí (en el Colegio San José)". Manifestando de esta manera, que el sistema de cámaras debe garantizar la integridad (que no se adulteren los datos), la disponibilidad (que el material no se pierda si lo requiere la justicia) y la confidencialidad de la información. En este último aspecto Marinozzi señaló que ya existe una ley que obliga a las empresas que instalan cámaras en lugares públicos (como las escuelas) a que declaren las cámaras instaladas y su ubicación en un registro, pero que en realidad no se cumple. 

Respecto a cuánto tiempo guardan las imágenes las cámaras de seguridad, que fue otro tema del que se habló en el caso del Colegio San José, Marinozzi explicó que lo sugerido por las leyes es que lo hagan entre 30 y 60 días. "Si hay cámaras que graban 24 horas, serían casos raros. Puede ser que estén mal configuradas en grabación continua o que sea una cámara IP que grabe dentro de una tarjeta sd que es pequeña, con una grabación continua. Pero lo normal es que se grabe 15 días como mínimo", indicó Marinozzi.  
El entrevistado señaló también que lo que suele pasar en las escuelas, donde las cooperadoras tienen interés en comprar cámaras, es que por falta de recursos se termina optando por opciones económicas pero que no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad. "Si estamos pensando en algo como para resolver esta problemática (la de controlar lo que pasa en las escuelas), me parece que deberíamos ver la manera en que se pueda pedir algo eficiente con los cuidados necesarios. Para eso debería haber reuniones tanto con la parte de la policía, la justicia y profesionales de la seguridad electrónica", enfatizó.
Posteriormente, Marinozzi se refirió a la importancia que exista en un futuro una ley que regule la actividad de la seguridad electrónica y tecnologías aplicadas a la seguridad, para que este ámbito no sea "tierra de nadie" como ocurre en la actualidad. Por eso es que desde la Cámara que representa a nivel nacional se está trabajando en un proyecto de ley que abarca varios aspectos entre los que está el tema cámaras de seguridad y la confidencialidad de datos. "Santa Fe no tiene una ley que regule la actividad, entonces nuestra actividad puede ser ejercida por una persona que no es idónea y que no va a responder como debe, y así lo único que se logra es un desmedro de la calidad y un bastardeo de la actividad", señaló Marinozzi, y ejemplificó diciendo que "hoy puede instalar alarmas alguien que tiene causa penal o antecedentes penales". 
Finalmente Marinozzi fue consultado por una ordenanza que exige en Rafaela la colocación de cámaras en geriátricos y jardines, señalando que si la norma no tiene especificaciones técnicas respecto a qué equipos se deben instalar, dónde y qué mantenimiento se les debe hacer, carece de valor.