A la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en Rafaela, que son de público y notorio, donde varios trabajadores de Corralones fueron despedidos luego de efectuar un reclamo por correcto encuadramiento gremial, nuevamente debemos dar noticia de un conflicto laboral suscitado con motivo de una deficiente registración del contrato de trabajo, en materia de encuadramiento sindical.
Los hechos refieren a un trabajador, de más de 20 años de antigüedad, de una conocida Cooperativa Eléctrica de la vecina localidad de Tacural que, ante la irregularidad de su encuadramiento sindical, formuló un reclamo solicitando una correcta registración y recibió como respuesta de su empleadora, al día siguiente de la audiencia conciliatoria en la Secretaría de Trabajo de Rafaela, el despido incausado.
Como puede observarse, el caso bajo comentario exhibe no solo una discusión en materia de encuadramiento sindical, sino también la repudiable reacción que las empresas suelen tener en este tipo de situaciones: el despido.
Es bueno dar a conocer estas situaciones patológicas que se suscitan en el mercado laboral, las cuales nos mueven a levantar un enérgico repudio para este tipo de comportamientos empresarios.
Es que esta clase de despidos, que sancionan y desvinculan a trabajadores que no hacen otra cosa más que solicitar el cumplimiento de la ley, aparecen como medidas antijurídicas y discriminatorias, lesivas de los derechos de los reclamantes, cuyo resarcimiento puede (y debe) ser obtenido en sede judicial.
Huelga remarcar, por obvio, que las empresas procuran obtener un claro efecto disuasivo para el resto de los trabajadores de la planta que estén en similares condiciones al reclamante y se encuentren evaluando iniciar algún tipo de reclamo.
Ante tales situaciones es de imperiosa necesidad dotar a los trabajadores de la información y asesoramiento legal correspondiente. Imponerlos debidamente de los derechos y garantías que los amparan ante este tipo de desvinculaciones que se traducen, entre otras cosas, en un agravamiento de las multas y un significativo incremento de los montos indemnizatorios que la ley le confiere y la jurisprudencia les reconoce sin vacilaciones.