En primer lugar, Lisandro Mársico explicó que este proyecto está basado en la presentación de un certificado, que se tramita en Tribunales de la ciudad de Rafaela para el caso, en el cual conste que funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y del Concejo Municipal y proveedores y contratistas del DEM y del Concejo no sean deudores alimentarios. “Ante esa situación, no podría el funcionario estar en su cargo, ni tampoco la persona, el privado, ser proveedor o contratista del Estado”, aclaró el concejal del FPCyS. A esto se suma la adhesión a la Ley Provincial nº 11945 de “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
“Creo que este es un avance en lo que es la defensa de los derechos del niño, en este caso a recibir alimentación y todo lo que implica la cuota alimentaria”, resaltó Mársico. Aportó que, en el armado del proyecto, se basaron en la Convención de los Derechos del Niño, “en distintos artículos que prevén esta obligación ineludible por parte de los padres hacia sus hijos menores de 18 años”, remarcó.
En este marco, Lisandro Mársico expresó que se trata de una Ordenanza que ya rige en la ciudad de Santa Fe y Rosario, “creo que nosotros no podemos estar ajenos a este tema que es tan delicado y que propende a la defensa de los niños”, remarcó.
“Consideramos no hacerlo extensivo respecto a las habilitaciones, casualmente reformamos esa parte por la posibilidad de habilitar un comercio o una industria y si ponemos una traba, eso sería como negar el hecho de que el alimentante tenga una razón para poder alimentar a su hijo y de que, el alimentado a través de sus abogados pueda ir por la cuota alimentaria a esa persona que está habilitando un comercio, por eso en este caso no quisimos restringir esa posibilidad”, expresó Mársico respecto a una de las revisiones que debieron hacer respecto al proyecto. En este sentido, la Ordenanza atañe a funcionarios y proveedores y contratistas del Estado municipal, “creo que es un avance, un impedimento, una traba que estamos poniendo a quienes no cumplen con esta obligación que está contemplada, no solamente en leyes, sino en un instrumento máximo que tiene jerarquía constitucional que es la Convención sobre los Derechos del Niño”, destacó el concejal.
En relación a lo referido a las habilitaciones, Lisandro Mársico agregó que fue el tema principal que dialogaron con el fiscal municipal Daniel Frutero; determinando finalmente que los actores a los que alcanzará la normativa son funcionarios, proveedores y contratistas del Estado municipal.
Respecto a la reunión que desarrollaron ayer concejales y el fiscal Daniel Frutero, Mársico aportó que también se hicieron algunas correcciones de tipo técnicas pero que eran cuestiones menores. “El proyecto prácticamente salió hoy aprobado como se había presentado; aprobado por unanimidad, tratamos de darle racionalidad y razonabilidad, para que los proveedores y contratistas, funcionarios, lo presenten una vez por año al certificado porque si no, la municipalidad tiene 4.000 proveedores, se torna impracticable poder hacerlo en menos tiempo”, finalizó el concejal del FPCyS.