En una vivienda de calle M. Curié de Rafaela, una mujer de 30 años recibió la visita indeseada de su ex pareja. Violando una Prohibición de Acercamiento por hechos de violencia familiar ocurridos tiempo atrás, el agresor comenzó a hostigarla, reclamándole que vuelva con él. Ante la negativa de la víctima, se retiró del lugar llevándose su celular. Momentos después, Diego F., de 31 años de edad, fue detenido por la policía y trasladado a la alcaidía local, donde esperará la resolución de su expediente.  

En tanto, en la localidad de Santa Clara de Saguier, Emiliano V., sobre quien pesa una orden de alejamiento vigente emanado por el Juzgado Familiar de Rafaela, se presentó en el domicilio de su ex pareja e ingresó al patio interno sin autorización y violando claramente la orden judicial. A la llegada de los uniformados, el masculino no opuso resistencia a su arresto y fue trasladado a la sede policial. Ambos casos demuestran que, pese a la orden de la Justicia, las víctimas de Violencia de Género siguen expuestas a su agresor y en peligro. ¿Cómo puede garantizarse que el acusado cumpla con la medida dispuesta? ¿Qué rol cumplen los responsables de aplicar éstas políticas? Las respuestas quedan en el tintero de los escritorios legislativos y judiciales y, sin embargo, las mujeres víctimas no pueden esperar.