Finalmente el gobierno provincial decidió aumentar un 48% el servicio de agua potable en las 15 localidades donde funciona la empresa Aguas Santafesinas (ASSA). El incremento mencionado se dará en los próximos meses de manera escalonada según anunció el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe (26 por ciento en el segundo bimestre de 2016; un 11 por ciento en el tercer bimestre y otro 11 por ciento en el cuarto bimestre). El “Ente Regulador de Servicios Sanitarios” (ENRESS), previo a esto había emitido un dictamen (no vinculante) en el que le sugería a ASSA un incremento del 44 por ciento escalonado; conclusión a la que arribó luego de realización de las audiencias públicas en Rosario, Santa Fe y Rufino donde instituciones y vecinos manifestaron su rechazo al aumento que finalmente terminó dándose. Incrementos que vienen sucediéndose ya desde hace tiempo: en el 2014 fue del 37 por ciento, en el 2013 fue del 26 por ciento, mientras que en el 2012 llegó hasta el 117 por ciento. Desde el 2008 son 6 los incrementos, contando el actual, que aplicará ASSA, con porcentajes que superan el 500 por ciento acumulado en los últimos años. La pregunta entonces surge de manera inevitable, ¿quién defiende a los usuarios? En un principio la respuesta debería ser el “Ente Regulador de Servicios Sanitarios” (ENRESS) que nació en la provincia de Santa Fe como un organismo autárquico “cuyos cometidos son la regulación y control de los servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento”, según define su página institucional. Dentro de las funciones que debe desempeñar se encuentra la de “verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores y dictar las regulaciones que se estimen convenientes para la adecuada prestación del servicio público”. Lo cierto es que más allá de esto, para algunos estas funciones no se cumplen y el Ente se ha transformado en un “apéndice” del gobierno socialista avalando los aumentos tarifarios que se dan año tras año (callándose o siendo muy “light” en sus dictámenes) y no exigiendo como corresponde la mejora del servicio. Haciendo un poco de historia se debe recordar que a mediados del 2012 el gobernador Antonio Bonfatti decidió separar del cargo de director del ENRESS a Alberto Muñoz, quien había sido muy crítico con la gestión del socialismo en el tema agua y había votado en contra del aumento propuesto que llegaba hasta el 117 por ciento. La votación dentro del Ente de control había concluido 3 a 2 a favor del incremento y, quien había aprobado con su voto el aumento, fue el que ocupó luego el lugar de Muñoz en el directorio: el radical Oscar Pintos, quien actualmente sigue siendo el director. "El ministro de Aguas no se privó de ejercer toda la presión posible sobre el Enress y hasta llegó a plantear que mandaría a la Legislatura un proyecto de ley para sacarle facultades al Ente. Ciancio es rápido para cobrar y lerdo para invertir, por eso llegamos a esta situación", dijo en ese entonces Muñoz. Además desde que asumió Pintos, la oposición en la Legislatura acusa a este director de responder a las órdenes del socialismo y manifiesta que al gobierno le interesa colocar en el ENRESS a "sus amigos para que en el Ente no haya gente ni con independencia de criterio, ni con autonomía a favor del servicio, a favor del usuario y frenando la desidia en ASSA". En Rafaela, en varias ocasiones, diferentes composiciones que ha tenido el Concejo Municipal han criticado al organismo de control poniendo en duda si verdaderamente representa o no los intereses de los usuarios. Sobre todo a la luz de algunos hechos como la sobrefacturación que les llegó a algunos vecinos, el agua turbia que supo salir de las canillas, la falta de agua en algunos sectores de la ciudad en épocas estivales, las pérdidas que no se reparan con la celeridad correspondiente o los medidores que no se colocan en la cantidad necesaria. Y por supuesto, los aumentos constantes. Situaciones que si bien corresponden a la empresa ASSA, dejan al descubierto, o por lo menos ponen en duda, si el ENRESS se encuentra cumpliendo su función de ente contralor. Y más allá de que cada año emite un dictamen marcando algunas deficiencias de Aguas Santafesinas, la pregunta es si esto alcanza dado que el gobierno provincial decidió avanzar con el aumento de todas maneras. También hay que decir que las audiencias públicas organizadas por el Ente para “discutir” los aumentos van perdiendo atractivo y participación de los ciudadanos cayendo en descrédito debido a que los resultados de las mismas no terminan torciendo finalmente los incrementos que determina la Provincia. Este año se dio además la particularidad de que la audiencia más cercana a Rafaela (una de las ciudades con más reclamos) se realizó a 100 kilómetros y para participar había que hacerlo previa inscripción en la Capital provincial de manera personal, para luego asistir un día de semana (23 de diciembre) y en horario laboral. Algo que fue criticado por el oficialismo local y el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, que de todas maneras concurrió para tratar de hacer lo que denominó una especie de “catarsis” por los problemas que existen en el servicio en la ciudad. Lo que hay que analizar es si definitivamente el ENRESS perdió independencia del poder de turno o si su falta de actuación tiene que ver con falta de facultades para defender de manera más contundente los derechos de los usuarios de la provincia. O si quizás ambas cuestiones están pasando en el organismo que evidentemente algún tipo de cambio debe mostrar. Está a la vista que no alcanza con aparecer una vez cada tanto para dar un tibio dictamen y desaparecer durante el resto del año dejando desamparados a los usuarios a merced de quienes tienen “la manija” del servicio. Por lo cual debemos preguntarnos, ¿para qué está el Enress?¿Sirve mantener una estructura de un organismo que sólo da consejos y describe diagnósticos que cualquier vecino podría hacer desde su casa? ¿De qué lado verdaderamente está este el Ente?
Julio Armando