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Locales

Alarmas comunitarias: una ordenanza que fue aprobada en una nueva desprolijidad del concejo

Desde la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE), dependiente del CCIRR realizaron aportes en torno a la ordenanza aprobada que promueve la implementación de alarmas comunitarias en la ciudad, y que se voto si en debido tratamiento. 

Se realizó una reunión en la Sala Ripamonti del Centro Comercial Industrial de la ciudad, en la que representantes de distintas empresas que integran la Cámara, aportaron su visión y conocimientos, también en un intento de aclarar a los concejales de la ciudad que aprobaron una ordenanza sin realizar consultas técnicas ni de ningún tipo previamente y que de la manera en que se plantea estaría lejos de aportar a la seguridad de los rafaelinos.

 

Sí, una vez más el consejo local demuestra que no está a la altura de los puestos que ocupan, desentendiéndose de los procesos formales que deben respetar en sus funciones y que se debe traducir en procedimientos adecuados a las ordenanzas que se aprueban, con los análisis de rigor necesarios para la determinación de la viabilidad de las mismas. Es necesario que de manera urgente el grupo de concejales comprenda que el lugar que ocupan y las decisiones que se toman, impactan de manera directa en la sociedad rafaelina que, por otra parte, tiene el derecho de conocer de manera detallada los temas de agenda del concejo local y sobretodo los que tendrán aplicación en la cotidianeidad rafaelina.  

Dario Chizzini, de ZZ Group, opinó, “después de haber leído la ordenanza, dimos nuestro aporte como Cámara de seguridad para ver todo lo que podíamos ayudar a implementar este sistema, las distintas opciones que existen y cómo a través de la Cámara podíamos ayudar a la municipalidad”, informó y señaló que la idea es hacer un Convenio para que la municipalidad no entre en costo operativo en una primera instancia y poder realizar pruebas de estas alarmas comunitarias, ver cómo funcionan, cómo se adaptan los vecinos y tratar de mejorar la implementación para que tenga éxito el sistema.

Armando Marinozzi, también representante de la Cámara de seguridad refirió que sus aportes trataron de aclarar cuestiones que no se entendían del cuerpo de la ordenanza, o bien puntos vinculados a lo técnico que eran confusos. “Se armó un lío técnico y un lío político”, advirtió. “La ordenanza lo que pide es un elemento más de protección para los vecinos, y nosotros lo que aportamos es la explicación de los alcances: una alarma comunitaria es para que funcione en la vía pública, en la calle, en la vereda, depende mucho de la buena relación entre los vecinos, mucha solidaridad y responsabilidad”, manifestó Marinozzi. A su vez, refirió sobre los alcances técnicos, explicando que se trata de un llavero, que tiene dos botones, uno prende sirena y el otro enciende una luz, presionando los dos al mismo tiempo, además de prender sirena y luz, da aviso a la central, en este caso a la GUR. Es importante aclarar que este dispositivo que plantea la ordenanza no funciona para el interior de los domicilios, sino que, como su nombre lo indica, agruparía a comunidades que deciden invertir en este aparato y se encuentren próximas en términos de distancia. 

“Son tecnologías y lo que nos preocupa es que se apliquen bien. Nosotros lo que queremos es darle un aporte a la ciudadanía desde la Cámara, primero para transparentar la instalación, tener unos estándares para que no se ponga cualquier cosa, queremos que sea algo útil”, resaltaron los representantes de la cámara de seguridad. 

Néstor Abriata, quien pertenece a la empresa ASSI Alarmas, destacó que en primer lugar hay que calcular bien los costos y observar las limitaciones de distancia, los equipos en cuestión poseen un alcance de 100 metros lineales y vienen repetidores para adicionar. “El costo después hay que dividirlo por la cantidad de gente que se junte en esa comunidad, el que tiene alarma domiciliaria tiene el sensor propio de disparo de pánico. La otra es comunitaria para quien transita en la calle”, explicó. 

A su vez, indicaron que la ordenanza afirma que luego de un aviso de estas alarmas, directamente se llamaría al comando o 911. “Lo que propusimos es poder hacer ese monitoreo de parte de la cámara, de CRESE, y nosotros derivar a través de un protocolo que el ejecutivo y el concejo coordinen, ver si damos aviso a GUR o al 911”. 

Marinozzi también aclaró, en torno a la idea de que directamente “suene” el 911 en un aviso, que es impracticable, “ni legalmente ni técnicamente”, con respecto a la GUR ya legalmente no habría problema, pero técnicamente necesitan inversiones en tecnología, nosotros desde la Cámara ya lo tenemos, entonces como aporte a la comunidad ofrecemos hacer la prueba con nosotros por unos años”, detalló. 

“Hoy se están tomando opiniones y decisiones en base a nebulosas, por eso nos pusimos a disposición para hacer pruebas, dar el servicio, la idea es que el ciudadano sepa que está comprando y que sea efectivo”, resaltó Marinozzi. 

Por otra parte, agregó que en Rusia habían implementado un sistema similar, pero con una cámara que también tomaba la calle. “La solución va a ser algo más integral, esto puede servir, pero tiene sus limitaciones, nosotros no queremos que se incursione en un gasto que después no sea operativo”, destacaron. 

“Queremos tratar de ayudar al municipio y al ciudadano, si mañana quieren poner en práctica un sistema cualquiera de nosotros desde la cámara lo podemos hacer y el municipio no tiene que hacer ninguna erogación de dinero, hacemos las prácticas y pruebas, nos ponemos a disposición del municipio, si después da resultado, quieren hacer todo ellos, estamos de acuerdo. Les brindamos la experiencia que tenemos y que podemos empezar a hacer las prácticas”, agregó Néstor Abriata.

El aporte de los integrantes de la cámara expone a las claras una nueva desprolijidad del Concejo, que aprueba una ordenanza sin el tratamiento correspondiente y contra reloj, con las falencias que esto implica. La implementación de Alarmas Comunitarias, es una solución muy general que en definitiva y tras el análisis de los dicho de los empresarios implicaría una erogación importante que no daría las respuestas que se estarían sugiriendo en los fundamentos de la mencionada ordenanza.

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