Hace algunos días el Gobernador de la provincia Miguel Lifschitz se disculpó con una joven la cual fue víctima de reiterados abusos sexuales por parte de su propio padre.
El Caso:
En 2011, una joven de 19 años identificada por sus iniciales C.E.R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado.
En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.
El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.
Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe a través de donde, entre otras cosas, se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C.E.R., una indemnización de daño material y moral de la víctima.
El acuerdo luego se alcanzó en 2016 en el marco del decreto 2234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En relación a esto, Soledad Comini, Presidente de la Asociación Civil Florentina, presentaron una impugnación al Dr. Mantaras por no apelar en dicho caso ya que este aspira a ocupar el cargo de Juez. Desde la Organización manifestaron que se trata de un Fiscal que no posee perspectiva de género y que no se encuentra capacitado para ocupar dicho cargo.