La Ley n.º 27592 o Ley Yolanda es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020.

El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.

En relación a la ordenanza, María Alejandra Sagardoy dijo: “Esta ley tiene como objeto capacitar a todo el poder del estado, en lo que se hace en el ambiente y perspectiva desarrollo susténtale y cambio climático. Es esencial seguir capacitándose y seguir aprendiendo para proponer ordenanzas que tengan perspectiva en desarrollo sustentable”

Agregando a lo anterior, expresó que “es importante y debemos estar capacitados en varios temas que no conocemos, y nosotros somos los que hacemos ordenanzas sobre estas cuestiones”.

Brenda Vimo, por su parte, coincidió con Alejandra y agregó que “todos hablamos de cambio climático, pero no sabemos realmente cuáles son las bases y qué es lo que le hace daño a la naturaleza. Es algo que debemos saber para hablar con sustento y fundamento”.

Finalmente, Raúl Bonino, tuvo iniciativa y propuso una reducción programada de la utilización de papel en el concejo en relación al tema en debate. “Es una cuenta pendiente de todos nosotros. Esto significaría el ahorro en los recursos del estado”.

El proyecto, que lleva la firma de los Concejales Marta Pascual, Raúl Bonino, Leonardo Viotti, Germán Bottero, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy (autora original de la iniciativa), establece la adhesión de Rafaela a la Ley Nacional y establecer la capacitación obligatoria en temática de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para todas las personas que trabajen en la función pública en los diferentes ámbitos municipales en todos sus niveles y jerarquías. 

Al mismo tiempo, determina que la autoridad de aplicación deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza, así como la nómina de las autoridades municipales que se han capacitado.

Por su parte, la iniciativa legislativa prevé que, de aprobarse, el gobierno local deberá entregar un diploma digital para cada una de las personas que complete la capacitación a modo de certificar esa formación.