La inspección estuvo a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Jorgelina Donatti, quien pudo comprobar la falta de condiciones de seguridad, limpieza, servicio de emergencia y un grupo de internos mayor al habilitado. Además, la profesional detectó que los internos cuestionaban la falta de médico de cabecera.
Esta clausura preventiva tiene un plazo de 20 días para que la institución regularice todas las faltas. Dentro de este plazo deberá volver a tener 5 internos, entregar los datos de los familiares para que la Secretaría de Desarrollo Social se ocupe de contactarse con ellos y así reubicar a los internos en otros geriátricos.