Desde la Asamblea Popular de Rafaela impulsaron a una movilización que se realizó durante la noche de este jueves en la ciudad. Diferentes sectores políticos y sindicales se dieron cita frente a las instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía, ubicada en Av. Santa Fe.
La mayoría de aquellos que concurrieron manifestaron su descontento ante la grave situación que atraviesa el país y algunos aprovecharon para marchar nuevamente por un paro general de 36 horas.
Esta movilización fue denominada como “Marcha de antorchas contra el tarifazo” y en un comunicado, el cual surgió desde la Asamblea Popular, declararon:
“Una vez más nos convocamos los trabajadores, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios, estudiantes, docentes, profesionales, clubes, fábricas, sindicatos, movimientos sociales, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidores, y espacios políticos, reunidos en distintos puntos del país, como parte de un plan nacional de lucha y movilización, marchamos y decimos BASTA DE TARIFAZOS.
Como siempre sostenemos, el pueblo organizado tiene el derecho y el deber de expresarse pacíficamente -pero con firmeza- contra las medidas de ajuste salvaje que nos quieren imponer.
Entendemos que la aplicación de estos tarifazos no son el resultado de algún fenómeno meteorológico o “tormenta” como señala el presidente, sino que son parte de un conjunto de decisiones premeditadas por parte del Gobierno Nacional, en el marco de un plan de ajuste que siempre recae sobre los sectores populares.
En este sentido debemos señalar que, a pesar de lo que nos quisieron hacer creer, prácticamente todos los países del mundo subsidian los servicios públicos, considerando su acceso como un derecho humano indiscutible e inalienable. Solo por citar un ejemplo, Estados Unidos subsidiaba sus energías 5 veces más por habitante que la Argentina cuando se aplicaron por primera vez las quitas en el año 2016.
Por aquel entonces una familia tipo destinaba menos del 10% de sus ingresos para cubrir el combo de servicios públicos esenciales: agua, luz y gas, pero hoy supera el 25% en promedio. En nuestra provincia ese combo equivale hoy al 35% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por este motivo ya no resulta sorpresa para nadie encontrar las oficinas de las empresas de servicios públicos abarrotadas de usuarios gestionando planes de pagos (que no pueden cumplir), mientras que muchos jubilados solicitan créditos para pagar sus facturas, sin saber cómo van a afrontar la próxima.
Resulta que al aumento de la canasta básica de alimentos, se suman el 350% de agua, el 750% de luz, el 3700% de gas, y el del transporte urbano: que en nuestra ciudad ascendió al 375% en tres años, en contraposición a los aumentos de salarios y jubilaciones que fue de tan sólo un 110%, en idéntico período.
Esta combinación de ingresos familiares a la baja con egresos tarifarios en alza, se paga con una brusca caída de la calidad de vida de los ciudadanos, caída del consumo interno y el derrumbe de la actividad comercial e industrial.
Desde la Asamblea Popular Rafaela, venimos trabajando en relación a este problema desde principios del año 2016, cuando se concretaron los primeros tarifazos. Juntamos firmas, informamos a la ciudadanía y convocamos varias asambleas populares abiertas, de las que pudieron participar todos los sectores de la sociedad. En aquél momento juntamos alrededor de 3000 firmas de vecinos, con el objeto de presentar un petitorio al Sr. Intendente Luis Castellano, para que sea él mismo quien presente los amparos correspondientes en la Justicia. Dicho petitorio fue presentado el 7 de Julio de 2016, y en aquél momento conseguimos el compromiso público del intendente, quien llegó a decir que este tema debía ser "política de estado".
Al día de hoy, pasado más de dos años y medio de aquella presentación, seguimos esperando que la máxima autoridad política de la ciudad cumpla con su palabra y asuma su compromiso. Hubo muchas declaraciones de buena voluntad, pero poca acción. El avasallamiento de nuestros derechos y el deterioro del entramado social en nuestra ciudad exige acciones concretas.
Tal como ordena la Corte Suprema de Justicia en el caso CEPIS sobre el gas del año 2016, tener “tarifas justas y razonables” constituye un derecho humano básico en el siglo XXI.
Por tal motivo, una vez más, decimos: BASTA DE TARIFAZOS.”