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Locales

¿Para estas cosas sí?

Resulta sumamente paradójica la dinámica política santafesina: la falta de acuerdos políticos para avanzar en leyes claves para el desarrollo empresarial y la generación de empleo se contrapone contra consensos políticos-partidarios en temas que, si bien son muy importantes, no resultan prioritarios en la coyuntura actual.

Es ampliamente conocida la postura empresarial santafesina respecto a la necesidad de que la legislatura provincial avance de una vez por todas con la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los fundamentos fueron expuestos en múltiples ocasiones ante el gobernador Ing. Miguel Lifschitz, diversos ministros, secretarios y subsecretarios y funcionarios del poder Judicial, como así también a diputados y senadores, tanto justicialistas como socialistas. No obstante, a más de 2 años de sancionada la ley por el Congreso Nacional, persisten las indefiniciones de parte de la legislatura santafesina (y todo indica que seguirán hasta el año próximo). Vale aclarar que los fundamentos del sector se basan en la experiencia de las diferentes jurisdicciones que ya han adherido (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos, San Juan, Formosa, Misiones, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Chaco y, Tierra del Fuego).

Al mismo tiempo, desde inicios de este año nos encontramos solicitando que se prorrogue la estabilidad fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios. La decisión del ejecutivo provincial de postergar la presentación de los proyectos de ley de presupuesto y de ley tributaria anual y el proceso de transición política que atraviesa nuestra provincia generan mayores preocupaciones sobre este tema. Si no se logran acuerdos básicos sobre la cuestión, el sector comercial y de servicios sufrirá un nuevo incremento de la presión fiscal, que ya se encuentra en niveles históricos (las pymes que hoy tributan 2,76%, 3,3% o 3,6% pasarían a pagar una alícuota sobre los ingresos brutos del 4,5% a partir del 1ero de enero de 2020). Esta situación impactará fuertemente por el efecto cascada de este impuesto, en la pérdida del poder adquisitivo en el ciudadano común y por ende el agravamiento de la difícil situación económica que atraviesa el sector comercial y el empleo.

Tal como lo definieran diferentes entidades empresariales hace unos meses, nos encontramos ante el fracaso absoluto de la política santafesina, en temas que entendemos claves para el desarrollo empresarial y la generación de empleo.   

Por otro lado, como resultado de la dinámica de la política santafesina, esta semana nos encontramos ante un acuerdo para sancionar una ley que la necesidad de avanzar con la reforma de la constitución provincial. Parecería ser que la promoción de este tema, en el marco de la coyuntura económica y política (transición provincial y elecciones nacionales), es inoportuna, muy difícil de comprender y totalmente ajena a las necesidades de sostener el empleo y los mínimos niveles de producción actuales. 

Lo paradójico es que los que históricamente empujaron la necesidad de la reforma en los últimos doce años súbitamente ya no la consideran tan importante; y a la vez los que más hicieron para trabarla en el mismo período, ahora estiman que está todo dado para que se vote la convocatoria a una elección de constituyentes a más tardar en noviembre.

A quienes nos preocupa el desarrollo integral de nuestras comunidades, el agregado de valor y la generación de empleo formal y de calidad, nos resulta sumamente difícil entender este tipo de situaciones en las que sólo se mezclan intereses políticos e internas partidarias.

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