Petitorio:
BASTA DE NATURALIZAR LA VIOLENCIA. POR PLENOS DERECHOS DE QUIENES ENSEÑAMOS Y APRENDEMOS.
Los/las docentes y directivos reunidos en asamblea los días 25 y 28 de octubre de 2019 manifestamos que se observa en los/las estudiantes una creciente vulnerabilidad de derechos, y que el estado en sus diversas formas no está atendiendo en la inmediatez que esto supone y con los recursos que debiera otorgar.
Niños y niñas abusados, maltratados, abandonados, con alto riesgo educativo y social, que denuncian su dolor de todas las maneras posibles, a veces con marcada agresividad hacia el personal docente.
Coincidimos que es el estado quien debe garantizar seguridad a quienes debemos denunciar situaciones de vulneración de derechos de las niñas y los niños y constatamos que esto no es así.
Atentos a la ley 26061 que dice en su artículo 4 referido a políticas públicas inciso b, c y d, que a continuación detallamos, descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; c) gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; d) promoción de redes intersectoriales locales; organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el estado provincial dista mucho de cumplir con la normativa establecida.
Consideramos:
- Que tanto alumnos/as, como docentes nos encontramos expuestos a altos niveles de vulnerabilidad, con escasos espacios de contención para los niños/as y nulos para los adultos.
- Que los recursos con los que contamos para la asistencia inmediata de los/as alumnos/as como de los docentes en caso de abuso, violencia, de vulneración de derechos, no son los necesarios para garantizar éstos dentro del sistema educativo.
- Que la asistencia a los/las estudiantes en conflicto, que no cuenten con obra social, sea en forma inmediata y continua en espacios que guarden relación con el sistema educativo.
- Que no existe un régimen de licencia debidamente legalizado para casos de violencia hacia el personal docente
-Que no existe un protocolo que establezca los pasos a seguir que deben realizar los equipos directivos y/o docentes frente a estas situaciones.
- Que en caso que un/a docente fuera violentado/a, la cobertura psicológica y/o psiquiátrica de Iapos es totalmente insuficiente y hasta nula.
-Que la tarea de los equipos socioeducativos se torna insuficiente para impactar positivamente en la complejidad de las problemáticas sociales que nos atraviesan.
Por lo tanto los abajo firmantes, exigimos:
-Asistencia psicológica inmediata y gratuita ante escenarios de violencia en las escuelas tanto para estudiantes, como para docentes.
-Licencia docente específica, en tiempo, forma y en consonancia con los casos de violencia que ocurrieren dentro de las instituciones escolares.
-Un protocolo establecido por normativa que defina los pasos a seguir luego de ocurrido incidentes de violencia hacia maestros y maestras.
-Incorporación de la figura de la pareja pedagógica en grupo con gran diversidad, en escuelas con estudiantes en riesgo social, dada la complejidad de los escenarios educativos.
-Creación de todos los cargos necesarios de equipos socioeducativos para que puedan realizar las intervenciones que permitan garantizar efectivamente los derechos de la niñez.