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Locales

Piden que Pascual reconsidere la elección de su secretario en el Concejo

La Asamblea de Derechos Humanos Rafaela, integrada por diferentes organizaciones sociales de la ciudad, le entregó una nota a la concejala del PRO, expresando su punto de vista respecto a la designación de Bryan Mayer como su secretario, luego de algunas frases que el joven había publicado sobre la última Dictadura Militar. 

Pasadas las 12.30 horas de este martes, la concejala Marta Pascual recibió a distintos representantes de la Asamblea por los Derechos Humanos Rafaela, quienes le entregaron una nota en la que se le pide que reconsidere el hecho de que Bryan Mayer sea su secretario, debido a dichos que había publicado el joven en Facebook sobre la última Dictadura Militar. A continuación la nota: 

Por la presente nos dirigimos a usted con el fin de hacer formal nuestro pedido para que reconsidere la elección de su secretario personal dentro del cuerpo legislativo. Nuestra preocupación se basa en que consideramos fundamental nutrir de valores democráticos esta institución propia de la República. 

 No queremos centrar el reclamo en una persona específica, pero como organizaciones preocupadas en la defensa de los derechos humanos, vemos peligrar las funciones que debe cumplir y garantizar el cuerpo legislativo local. Nuestro posicionamiento esta fundado en argumentos legales sólidos que se desprenden de la tarea “periodística” emitida por el joven en cuestión. 

CONSIDERANDO

Las publicaciones realizadas a través de distintas vías, podemos desglosar los graves derechos contra los que atenta su posicionamiento, cercenando derechos y violentando a la sociedad en su conjunto. 

El 24 de marzo de este año, al cumplirse 41 años de la toma ilegal del poder por parte de las Fuerzas Armadas, Mayer compartió de modo público el siguiente mensaje: "Por qué vivimos en democracia hoy? Porque hace 41 años las FFAA se encargaron de asegurar tal condición contra quienes desde hacía años intentaron implementar el comunismo y la izquierda sangrienta en nuestro país. Viva la Patria".

Más allá de lo sesgada que resulta la mirada del joven acerca de las distintas corrientes del pensamiento, sus palabras son una real falacia que hace apología del Terrorismo de Estado.

Según su postura, las FFAA garantizaron la democracia. La misma resulta inadmisible e insostenible ya que la misma desconoce lo ocurrido: las FFAA dieron un golpe de Estado, violando todo tipo de leyes nacionales y tratados internacionales. Depusieron el estado de derecho e impusieron el terrorismo de Estado basado en la violencia extrema, para implantar un sistema económico que, en ese momento, no podría haber sido instaurado por las vías democráticas. Resulta extraño el desconocimiento de este joven, que por su formación debería saberlo, sobre la gravedad institucional que significa la autodeterminación de las FFAA incumpliendo las ordenes de sus superiores (en ese caso la Presidenta Estela Martinez de Perón).

Pero además, el negacionismo de la etapa más sangrienta y cruenta de la historia argentina, revierte una gravedad institucional altísima ya que alimenta divisiones basadas en el odio hacía otros paradigmas, buscando un enemigo que aleja a la ciudadanía de la busqueda del bien común. 

De por sí la gravedad de sus dichos están dadas por ser una figura pública que en su rol de “periodista” oficia de formador de opinión. Pero consideramos que su participación en este cuerpo legislativo podría determinar que, continuando con sus expresiones y posicionamientos, se podría incurrir en una violación de los DDHH.

Tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948 (y analiza P. Nikken en 1994) “Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado. Este es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos. Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener diversas fuentes, pero no todas configuran, técnicamente, violaciones a los derechos humanos. La nota característica de las violaciones a los derechos humanos es que ellas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que este pone a disposición de quienes lo ejercen”. “La responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos humanos incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones primordiales está la prevención y la punición de toda clase de delitos. El Estado no está en condiciones de igualdad con personas o grupos que se encuentren fuera de la ley, cualquiera sea su propósito al así obrar. El Estado existe para el bien común y su autoridad debe ejercerse con apego a la dignidad humana, de conformidad con la ley”. Mayer en sucesivas oportunidades expresó su claro mensaje en pos de quienes se encontraron fuera de la ley, desentendiendose de la dignidad humana de los argentinos. Queda claro su desconocimiento de los valores fundamentales del estado y sus instituciones, siendo este un riesgo para el cuerpo legislativo local. 

Además, resultaría totalmente contradictorio por parte de este cuerpo legislativo, otorgar lugar a alguien que atente contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, siendo que este mismo año se declaró con grado de ordenanza al 24 de Marzo como “Día Municipal de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, con el fin de promover el respeto, la tolerancia y la vigencia plena de los DDHH de toda la ciudadanía. 

Como sabemos, los Estados modernos desarrollan sus funciones a través de un amplio conjunto de instituciones conformadas por personas. Estas personas, los/as agentes, funcionarios/as y autoridades públicos/as, son quienes tienen la responsabilidad concreta de respetar, garantizar, proteger y velar por el real cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales. El trabajo que estas personas desarrollan, cada una de sus acciones u omisiones, es considerado como una acción del Estado y ello significa que estas acciones acarrean responsabilidad para el Estado.

Lamentablemente, esa no fue la única declaración pública del joven en cuestión. Luego de la manifestación pública realizada en Buenos Aires, publicó un artículo “periodistico” que viola un sin fin de leyes nacionales, bajo el título: “Qué hay detrás del tetazo” (adjunta a esta nota). 

Allí nuevamente se profesan mensajes de odio y discriminación contra colectivos, en este caso por su condición sexual. Nuevamente, es grave el desconocimiento legal que ampara nuestra Nación.

Durante la última década nuestro país sancionó normativas que hacen al respeto del derecho a la identidad y de los derechos civiles, sexuales y reproductivos de las personas LGTTTBIQ, colocándose a la vanguardia de los Estados con legislaciones más progresivas del mundo. En efecto, la Ley Nacional N° 26.618 hizo real la posibilidad del matrimonio igualitario, así como de crear familias reconocidas legalmente entre personas del mismo sexo; y la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) hizo efectivo el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género por medio de un simple trámite administrativo, así como el acceso a procedimientos de afirmación de género (tales como hormonas y cirugías) con el único requisito del consentimiento informado de la persona concernida, y con plena cobertura sanitaria.

El trabajo “periodístico” de Mayer, lejos de “acercar herramientas de concientización que permitan desnaturalizar críticamente las prácticas violentas hacia el colectivo LGTTTBIQ, e informar sobre los derechos que les asisten como parte igualitaria de la sociedad y en el ejercicio de una ciudadanía plena”; significan una claro mensaje de odio, exponiendo valoraciones despectivas que ponen en duda y deslegitiman la identidad de género y la orientación sexual que tiene o asume cada persona.

Los comentarios expuestos evidencian su forma discriminatoria, autoritaria y violenta, asumiendo, conscientemente o no, la ilegítima función de juzgar las identidades sexogenéricas, reforzando un hipotético “deber ser” de las personas. 

La Ley de Identidad de Género Nº 26.743 establece el derecho al trato digno, lo cual implica que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación (Artículo 12).

La representación recreada por Mayer sobre la manifestación resulta misogina, machista y transfobica. Los estereotipos propuestos en sus palabras resultan estigmatizantes, desacreditando a las identidades y justificando mediáticamente la violencia contra esos colectivos.

La discriminación de las identidades y relaciones que no responden al mandato heteronormativo repercute en la vida concreta de las personas que la padecen y de su entorno, reforzando las dificultades para la realización de sus derechos, por ejemplo en el acceso a la educación, el trabajo y la salud, así como a un reconocimiento de su identidad y dignidad humana.

Las prácticas sociales discriminatorias, lejos de ser un problema de ‘minorías’ (noción que desde el paradigma de los derechos humanos resulta problemática en tanto hace pensar en la variable numérica como criterio para el acceso y garantía a derechos), aparecen ligadas inseparablemente a las condiciones sociales de existencia. En el contexto latinoamericano, estas condiciones están claramente marcadas por fuertes desigualdades e inequidades sociales.

Finalmente, es necesario recordar que los estereotipos negativos sobre las personas y relaciones LGTTTBIQ afectan también a familiares, y especialmente a hijos e hijas. Las representaciones lesivas y estigmatizantes tienen un impacto directo en las opciones cotidianas y en la vida familiar de las personas, en especial de grupos vulnerados como el colectivo LGTTTBIQ, por lo que se recomienda reflexionar sobre el posible efecto que puede tener la participación de una persona que ha demostrado con sus publicaciones no estar a la altura de un trato respuetuoso en la comunidad actual. 

POR TODO LO EXPUESTO:

Solicitamos reflexionar acerca de la posible incorporación de cualquier persona que atente contra las nobles tareas y funciones que demanda este honorable cuerpo legislativo local. 

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