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Locales

Piden que se derogue la Declaración de Rafaela como ciudad pro vida y pro familia

VIDEO. Lo solicitaron a los concejales un grupo de mujeres integrantes de la Asamblea Feminista. Presentaron un proyecto alternativo para que los legisladores se expresen a favor del respeto por los derechos  humanos. Uno de ellos, el aborto. 

En horas de la tarde de este viernes, los concejales Bonino, Pascual, Viotti, Sagardoy y Garrapa (la mitad de los que integran el cuerpo legislativo) recibieron en la sala de sesiones a integrantes de la Asamblea Feminista, que está integrada por diversas organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas de la ciudad de Rafaela. El pedido concreto de las presentes a los legisladores fue que declaren a la Ciudad de Rafaela "Ciudad a favor del respeto por los DDHH - Derechos Humanos-" y deroguen la declaración "Rafaela ciudad pro vida y pro familia", aprobada años atrás. 

Proyecto presentado

Considerando:

Que, sin duda alguna es obligación del Estado ser garante del cumplimiento igualitario de los derechos de los seres humanos. Que los distintos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, tal como la CEDAW (Convención para la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer, art. 75 inc. 22, C.N.), dan cuenta de la preocupación por reconocer y reafirmar la necesidad de plasmar en normas positivas la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, especialmente los de los sectores sociales en situaciones de mayor vulnerabilidad. Que, basándonos en esta premisa, consideramos que es preciso ampliar el debate y visibilizar los derechos humanos conquistados en nuestro país en los últimos años, como ser: la Ley de Educación Sexual Integral, La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus vínculos interpersonales, el derecho al aborto no punible contemplado en el Código Penal que debe ser garantizado por todas las ciudades y provincias, en su extensión del fallo FAL del 2012, el derecho a la identidad de género y el matrimonio igualitario que tienen como base fundamental el derecho universal a la libertad individual.

Que, sobre el derecho a la libertad individual se sostiene el derecho a la libertad de culto y de conciencia como derecho humano fundamental reconocido en nuestro sistema jurídico (art. 75. inc. 22), que supone el derecho a no profesar ningún culto. Que si bien en nuestra constitución se habla del sostenimiento del Estado del culto católico, existen sobradas jurisprudencias que aclaran que ese sostenimiento es meramente económico, tal como el fallo de la Corte Suprema “Castillo, Carina Viviana y otros c/Provincia de Salta - Ministerio de Educación de la Provincia de Salta s/ amparo” (se puede consultar específicamente el segundo párrafo de la página 10 y la II Declaración de la Corte Suprema, página 92, donde se hace expreso que el sostenimiento es netamente económico).

Que, no se puede legislar basándose en una supuesta escala de valores ni en credos individuales, entendiendo que las subjetividades fomentan las exclusiones y discriminaciones arbitrarias, basadas en experiencias personalísimas y no en una conciencia colectiva de justicia social e igualdad ante la ley.

Que, una de las políticas concretas que resulta necesario promover es el fortalecimiento de la libertad de elección respecto del proyecto de vida de cada individuo, el cual puede ser a través de la familia (sea esta nuclear, monopartental, homoparental, ensamblada, etc.) o no. Considerando que la elección libre sea a través de la familia, es crucial que el Estado garantice los recursos necesarios para que la planificación familiar sea consciente; hablamos del acceso libre y gratuito a los métodos seguros de anticoncepción y de la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles

educativos, la cual además acompaña el proceso de construcción de subjetividades libres y respetadas durante la niñez.

Que, según datos de UNICEF de junio de 2017, en Argentina nacen en nuestro país entre 2800 y 3200 niños y niñas de madres menores de 15 años. Que para evitar la incidencia de maternidades y paternidades no deseadas en jóvenes y adolescentes, resulta urgente dejar de violentar los derechos existentes y aplicar las leyes que son un efectivo instrumento preventivo.

Que, la presente idea no se trata de lograr algo en forma aislada, sino que es una continuación de los actuales debates y luchas del siglo presente orientadas a aceptar e integrar a todas las subjetividades, las diversidades de familia, de género y sexuales, como parte activa y en pie de igualdad con los esquemas tradicionales de la sociedad. En este sentido resulta necesario avanzar en una ampliación de la base de derechos, promoviendo el respeto hacia las diversas elecciones de vida.

Que, frente a lo aquí expuesto, creemos firmemente que la designación Rafaela Ciudad Pro Vida y Pro Familia, implica ante todo una tensión jurídica en términos de Derechos Humanos, en tanto niega y violenta tanto los derechos universales como los recientemente conquistados en nuestro país.

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA sanciona la siguiente:

D E C L A R A C I Ó N

Art. 1º) Derogar la Declaración de Rafaela como “Ciudad PRO VIDA y PRO FAMILIA"

Art. 2º) Declarar a la ciudad de Rafaela como “Ciudad en favor del respeto a los derechos humanos”, con el objetivo fundamental de concientizar y construir una sociedad que contenga y resguarde la diversidad individual, asegurando el respeto mutuo.

Art. 3º) Proponer al Poder Ejecutivo de la ciudad que fortalezca e impulse acciones tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades individuales con especial hincapié en realizar acciones y campañas para prevenir y erradicar todo tipo de violencias hacia el colectivo de mujeres y disidencia sexual.

Art. 4º) De forma.

MIRÁ LA NOTA CON UNA INTEGRANTE DE LA ASAMBLEA FEMINISTA

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