El socialismo repudia en forma enérgica la salvaje represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional sobre los jubilados, movimientos sociales, militantes políticos y ciudadanos que se manifestaban ayer en la zona del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires.
Es inaudito y llamativo el caudal de fuerzas de seguridad y la militarización del lugar como intento de demostración de poder contra la gente que se expresaba contra la injusta reforma previsional.
El proyecto oficialista imprime la necesidad de saldar deudas que no paran de elevar la presión interna, por ello hace días se amplió el pago de deuda por 84.000 millones en el presupuesto nacional o de efectivizar un ajuste preanunciado por diarios nacionales de 100.000 millones de pesos que encontró en los jubilados como el destinatario ideal.
La resultante de esta injusticia que se camufla en formato de reforma previsional revela la inconstitucionalidad de hecho porque modifica en forma retroactiva a jubilados, asignaciones familiares y AUH. Un retroceso sobre los principios fundamentales del sistema previsional que están garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución nacional, ya que tiende a disminuir el monto del haber jubilatorio.
Los socialistas podemos demostrar en nuestra historia legislativa y en la gestión ejecutiva como cuidamos y pensamos en nuestros abuelos. En 2010, fuimos uno de los impulsores del 82% móvil a nivel nacional y que luego el Gobierno anterior vetó sin mediar consensos ni miramientos. En Santa Fe hace 10 años que los jubilados gozan del 82% móvil, hecho que defendemos y no es una simple promesa de campaña como el Gobierno actual que se niega a implementarlo a nivel nacional.
La salida para alcanzar una solución ante este flagelo creado por el Gobierno Nacional debe encontrar la necesidad de articular una mesa de diálogo y de consenso con todos los actores de la sociedad civil. No debe primar el apuro y la imposición como ha pasado durante su tratamiento en comisión.
Tampoco vemos como un recurso feliz aprobar esta reforma a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esto implicaría la violación del orden jurídico y emitiría un duro mensaje de resquebrajamiento del sistema democrático, de sus instituciones y de la división de poderes de la República.
Alertamos con prudencia que lo que está en juego es el presente y el futuro de muchas generaciones, no es un tema menor, y si no es tratado con seriedad y altura, pueden causar consecuencias irreversibles y los más afectados siempre son lo más vulnerables.