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Locales

Respuesta del INADI por el cupo femenino en el Concejo

En la sesión ordinaria de este jueves ingresó una notificación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en respuesta al reclamo presentado por Luis María Telesco en relación al cupo femenino en el Concejo Municipal. El edil radical leyó el escrito en la sesión, lo cual molestó a alguno de sus pares porque antes deberían haberla leído todos.

El texto de la respuesta,

textualmente es el siguiente:

 

Sr.Presidente

 

Concejo Municipal de la ciudad de Rafela,

Santa Fe.

 

Daniel Ricotti

 

Estimado:

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con

respecto a la vacancia operada a partir del deceso de la concejala Sra.

Silvana Fontanetto y el consecuente cumplimiento de la garantía

de cupo femenino que debe materializarse en la integración del órgano.

 

Las relaciones asimétricas entre varones y

mujeres han generado que estas últimas ocupen espacios domésticos en tanto los

hombres espacios públicos. En la actualidad no pueden subsistir mecanismos que

vulneren la participación de la mujer en la vida política.

 

Sin dudas, 

las mujeres han demostrado a lo largo de años su capacidad para ocupar

espacios públicos en todos los órdenes, académicos, institucionales, y también

partidarios brindando su visión en la construcción de una sociedad con mayor

democracia.

 

En un primer momento se luchó por el derecho

al voto,  para luego ser candidatas: no

solo ser representadas sino representar. Actualmente la lucha gira en torno al

respeto de la participación igualitaria con cumplimiento de los mínimos legales

estipulados.

 

La Argentina en el año 1991 sanciona la ley de

cupo femenino,  que garantiza que en la

conformación de listas se debe tener como mínimo el 30 % de mujeres al momento

de su oficialización. La Provincia de Santa Fe regula que dicho piso debe ser

del 33,3%. El caso novedoso se daba por el hecho que no se trataba de una

minoría, sino por el contrario la mujer tenía una proporción similar o mayor de

electores que los varones. Sin embargo en la vida de los partidos políticos, no

se les daba cabida y se las relegaba a puestos lejanos en las listas, y con

menores o nulas posibilidades de lograr un cargo electivo en una votación.

 

Este plexo normativo implementó pues una "acción positiva" a favor del sexo femenino Las acciones positivas, o la discriminación inversa,

mantiene siempre el carácter de corrector de situaciones de evidente

desigualdad, acude en solución de situaciones donde el grupo vulnerado no sólo

se encuentra en total disparidad sino que, son medidas esencialmente

correctivas, que se incorporan a la legislación de una sociedad con el objetivo

de ir corrigiendo esa desigualdad inicial.

 

 

 

El

art. 37 de la Constitución Nacional establece la igualdad de oportunidades

entre varones y mujeres para el acceso a cargo electivos y partidarios mediante

acciones positivas, otorgando mayor entidad a dicho precepto los tratados

internacionales de jerarquía constitucional: “Convención sobre la eliminación

contra todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW);

“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”; “Declaración

Universal de Derechos Humanos”; “Convención Americana sobre Derechos Humanos”;

“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; “Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

 

En

tanto, la ley antidiscriminación (Ley Nacional 23.592) prevé expresamente este

deber de respeto a dichas máximas bajo el precepto de: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y

garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado,

a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en

su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos

del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad,

ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición

social o caracteres físicos”.

 

Ha

acaecido en el ámbito del Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela el

lamentable fallecimiento de la concejala Silvana Fontanetto. A partir de ello,

entendemos la correspondencia de la banca a la primer mujer en el orden de

suplencias, ya que una interpretación formalista del hecho implica una

restricción de las garantías constitucionales y del derecho internacional en lo

que respecta a la representación femenina. La realidad indica que una decisión

contraria implicaría la presencia reducida de las mujeres en la toma de

decisiones legislativas, y por ende de la voluntad popular.

 

Por ello, el INADI -como

entidad estatal que tutela los derechos de la igualdad de género- celebrará el hecho de que en consonancia

con la normativa de cupo femenino, y las garantías de participación igualitaria

consagradas en la Carta Magna, respete la equidad de género en la integración

del Órgano. La coyuntura requiere acciones positivas que tutelen las

máximas de no discriminación y por ende de conquista social de sectores

históricamente postergados del ámbito público.

 

Asimismo,

es importante destacar lo

dictaminado al respecto del caso Robustelli por la Cámara de Diputados de

nuestra Provincia, ratificado luego, por la justicia de la ciudad de Santa

Fe:  “La aplicación del cupo hasta la

oficialización de las listas, como lo aconseja la interpretación formalista,

encubre una práctica de apartamiento de las mujeres en los circuitos de

decisión de los órganos de la democracia”……. Los que se protege a través de

la norma es cubrir con un mínimo 

(tercio) la integración de los cuerpos colegiados, con mujeres

garantizando su acceso, siempre que ese tercio este en peligro de verse

disminuido. La interpretación de la norma no es caprichosa. El art 19 de la ley

12.367 debe ser integrado con el resto de los artículos decretos, y demás leyes

provinciales, que además se condicen con normas de la Constitución Nacional y

Tratados Internacionales..”  (ver

en. www.diputadossantafe.gov.ar)

 

Por su

parte, este Instituto entiende que los ediles deberán plasmar normativamente

estos sucesos ya que la participación de las mujeres en el ámbito público y en

la política tiene una significación trascendente para el desarrollo de la

ciudadanía y la democracia. Cómo así también ampliar el cupo de mujeres dentro

del concejo local para respetar, en el mismo sentido, las normas vigentes

 

A la

espera de una resolución favorable lo saludo cordialmente,

 

 

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