En el marco del trabajo de acompañamiento integral a la maternidad y a las familias en situación de vulnerabilidad, la Fundación Rafaelinos por la Vida concretó el pasado 7 de agosto la inhumación de 36 niños no nacidos en el cementerio municipal de Rafaela. Esta acción se suma a las intervenciones que la institución viene desarrollando a través del denominado Proyecto Arimatea, mediante el cual ya han recibido sepultura digna un total de 87 bebés en la ciudad.
El abogado e integrante de la institución, Pablo Possetto, abordó en detalle la compleja realidad que atraviesan los padres ante la pérdida gestacional por causas naturales y denunció las severas inconsistencias del marco normativo vigente tanto a nivel provincial como nacional.
El Proyecto Arimatea: un espacio para el duelo y la memoria
La Fundación nació con la misión principal de acompañar embarazos vulnerables, brindando contención, asistencia y recursos a las mujeres y sus familias para garantizar un proceso gestacional digno. Sin embargo, en el desarrollo de esa tarea, la institución identificó una problemática invisibilizada: el destino final de los cuerpos de los bebés que fallecen en el seno materno antes de llegar a término.
A través de la colaboración de particulares y la adquisición de un panteón reacondicionado y ornamentado especialmente en Rafaela, la fundación busca ofrecer un espacio de reflexión, consuelo y memoria para las familias.
"Todo ser humano, por el solo hecho de ser tal, merece un trato digno. Ese trato no se modifica por la edad gestacional o el peso del cuerpo. Lo único que pedimos es que el cadáver de un niño no nacido no sea descartado como un residuo", sostuvo Possetto.
Las fallas de la normativa en Santa Fe: contradicciones e inseguridad jurídica
Uno de los puntos centrales abordados fue la contraposición normativa sobre la consideración del cadáver humano gestacional versus su clasificación como "residuo patogénico".
Históricamente, en la provincia de Santa Fe se consideraba que los fetos menores de 20 semanas de gestación o de menos de 500 gramos de peso no podían ser retirados por sus padres. Aunque recientemente se introdujo una modificación reglamentaria orientada a permitir que los progenitores puedan retirar los cuerpos, Possetto advirtió que la reforma generó un "sistema contradictorio que no funciona":
- Falta de certificado de defunción: A las familias de bebés gestacionales precoces no se les extiende el certificado de defunción médica.
- Imposibilidad de inhumación formal: Sin dicho certificado, las autoridades no pueden confeccionar el acta de defunción ni otorgar la licencia de inhumación legal.
- Descarte de cuerpos no reclamados: La norma actual agrava la situación al permitir que cuerpos de bebés con más de 20 semanas (incluso de 8 o 9 meses de gestación) sean descartados como residuos patogénicos si la familia no se presenta a reclamarlos.
Riesgos legales para profesionales y vulneración de derechos familiares
La falta de una regulación coherente y unificada expone a diversos actores a consecuencias jurídicas y administrativas:
- Sanciones a profesionales e instituciones: Los médicos, centros de salud y autoridades pueden quedar expuestos a investigaciones administrativas, sanciones penales o demandas civiles por daños y perjuicios si incumplen los protocolos o vulneran derechos parentales.
- Consentimientos informados deficientes: Actualmente, los formularios de consentimiento no detallan de forma clara el destino que se le dará al cuerpo en caso de ser tratado como residuo sanitario, privando a la paciente de su derecho a la información completa.
- El duelo familiar extendido: Se suele supeditar la decisión únicamente a la voluntad materna inmediata, obviando los derechos del padre, abuelos y hermanos a realizar el proceso de duelo en un lugar de sepultura.
El derecho a la identidad: de la condición de "NN" al reconocimiento formal
A nivel nacional —con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— los registros civiles suelen inscribir a los bebés fallecidos antes del nacimiento bajo la carátula de NN, lo que representa una contradicción jurídica al ser plenamente identificable la filiación con sus progenitores.
Desde la fundación se impulsan precedentes para revertir esta situación. Possetto destacó un caso en la provincia de Neuquén (el de un niño llamado Maximiliano María), donde tras una presentación judicial se logró que el Estado le reconociera a los padres el derecho formal a la sepultura y a la inscripción del menor con su nombre propio.
Actualmente, Rafaelinos por la Vida continúa trabajando en el ámbito jurídico y social para concientizar a la comunidad, asesorar a equipos de salud y promover la sanción de políticas públicas basadas en el consenso que garanticen el respeto integral a la vida y a la dignidad humana.
