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Cómo se vive en el Tigre profundo que Sergio Massa prefiere ocultar

Tiempo Argentino recorrió los barrios Garrote y La Costilla, a unas 25 cuadras del centro de la ciudad que algunos comparan con Miami. Tiene el presupuesto per cápita de San Isidro, y los peores indicadores sociales de Zona Norte.

El barrio de La Costilla está a sólo 25 cuadras del centro de Tigre, pero el progreso parece no haberse enterado. Allí no llegaron las bondades del modelo massista ni tampoco hubo "década ganada". En La Costilla no hay red de agua potable, no hay red de gas, no hay cloacas, no hay nada. Tres canillas que abastecen a las 68 familias que viven en la barriada son el único elemento que atestigua la presencia del Estado en el lugar.

"La mejor forma de incluir es con la igualdad de oportunidades. Esto se genera cuando todos tienen el mismo espacio público y los mismos servicios", reflexionó el alcalde ribereño Sergio Massa después de inaugurar una red de gas en el barrio el Prado de Benavídez, en 2011.

A pesar de sus esfuerzos para comparar a Tigre con Miami o Disneylandia, la declamada "igualdad de oportunidades" no rige en ninguno de los 39 barrios o villas miseria que están desparramadas en los 147 kilómetros cuadrados continentales del municipio. Y no es que en Tigre falte dinero. El presupuesto para 2013 rozará los $ 1600 millones, que, repartidos entre sus 376 mil habitantes, arroja un total del $ 4250 per cápita, según un estudio del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP), una agrupación kirchnerista surgida al calor del conflicto de la Rosada con el campo en 2008.

En el vecino San Fernando, el presupuesto asciende a $ 3276 per cápita, mientras que San Isidro, el municipio más rico de la provincia, maneja cifras apenas superiores a Tigre: $ 4265 por persona. Y tienen mejores indicadores sociales que la patria adoptiva de Massa. "La realidad de Tigre no escapa a lo que se ve en el resto del Conurbano, pero Massa quiere vender otra cosa", dice Federico Ugo, subsecretario bonaerense de Acción Cooperativa y cabeza de la lista de concejales del Frente para la Victoria en Tigre.

"Las cloacas tienen que ver con mejorar realmente la calidad de vida de la gente y no con sólo maquillarle la cara. Si uno no hace este tipo de obras, todo lo demás no sirve para nada" (Massa, 3/10/2011).

A pesar de asegurar en abril de 2008 que su "compromiso es que el gas, el agua, la electricidad y las cloacas lleguen por igual a todos los vecinos de Tigre", al ex jefe de Gabinete, en rigor, le tocó en suerte cortar las cintas inaugurales de obras iniciadas por su antecesor en la alcaldía ribereña, el "vecinal" Ricardo Ubieto. Algunas de ellas tildadas precisamente de "cosméticas" en su momento. "Se ve mucha obra en los centros comerciales y circuitos turísticos, pero no de infraestructura en los barrios", advierte Ugo.

En el barrio Almirante Brown, más conocido como Villa Garrote, tampoco hay cloacas. Ubicado a cinco minutos del Palacio Municipal, alberga a 850 familias, las que, por sus propios medios, improvisaron una red cloacal que desemboca en el canal San Fernando, lindante con Garrote.

Ese cauce, como no podía ser de otra manera, es uno de los más contaminados de la zona. "Cuando sube la marea vuelven los excrementos", suelta Graciela, mientras le pide a su hija que le cebe un mate. "Cuando llueve se tapan las cloacas y la mierda flota por los pasillos", se suma Lorena, que también vive en Garrote.

El agua que viene del canal San Fernando se filtra en la tierra, la contamina y todo se convierte en un festival de parásitos que acaban infectando a los miles de pibes de Garrote. De allí que las epidemias sean moneda corriente en el barrio.

Las cloacas son un bien escaso y extraño en Tigre. Según un informe de UNICEF, en 2010 beneficiaban al 17,3% de la población, un número ligeramente superior al 13,7% que contaba con desagües en 2001. La cifra parece aun más baja si se la compara con el 48% de hogares que, en promedio, cuentan con cloacas en Buenos Aires.

En 2007 y 2011, "Agua y cloacas para Tigre" fue uno de los lemas de las sendas campañas que llevaron –y mantuvieron– a Massa al frente de la intendencia.

En el caso de la población sin cobertura de agua en red, las cifras tampoco son un canto a la esperanza. Es más, permanecieron casi inalteradas durante una década, al pasar de 35,9% en 2001 a 35,7% en 2010. En este caso los números tampoco favorecen a Tigre, que está un 10% por debajo de la media provincial.

Cifras que explican también la mortalidad infantil, que llega al 12,9%, más alta que la de municipios vecinos e, incluso, superior a la media provincial, que se eleva a 12 por ciento. En Tigre mueren alrededor de 100 niños por año.

"El último Censo Nacional muestra una clara reversión de población sin agua potable y sin cloacas" (Massa, febrero 2013).

"En las zonas de countries y barrios cerrados el desarrollo de los servicios públicos es muy rápido", señala Ugo. Fue en la década del "90 cuando Ubieto empezó a alentar la construcción de urbanizaciones cerradas y surgieron los primeros proyectos. Hoy, complejos como Nordelta o Santa Bárbara y demás creaciones de la empresa Eidico –propiedad de Jorge O"Reilly, amigo y ex asesor de Massa– ocupan el 60% de la superficie del municipio, aunque hospedan al 10% de la población. "En el otro 40% del territorio el avance de obras de infraestructura es mucho más lento", explica el funcionario sciolista.

Los barrios cerrados florecen en Tigre como los parásitos en Garrote. En esta barriada se filmó el unitario El Puntero, que emitió Canal 13 antes de las elecciones de 2011. "Ellos mostraron un poco la realidad que vivimos todos los días y para nosotros era como un trabajo. Pero a la gente del municipio no le gustó y se tuvieron que ir", recuerda Graciela, que participó en varios capítulos del programa. Tanto ella como otras vecinas debieron trasladarse a distintas locaciones para terminar el rodaje. Al parecer, y según confía Lorena, a Massa no le gustaba que "la gente supiera que Garrote está en Tigre". Tampoco a los desarrolladores inmobiliarios les gusta que Garrote esté en Tigre. La compañía TGLT, asociada con PDG, el broker inmobiliario más grande de Latinoamérica, planea construir a pocos metros de ese barrio su proyecto "Venice" (Venecia, en español). Prometen que tendrá 32 hectáreas y 500 metros de costa sobre el río Luján, algo expresamente prohibido por la ley argentina que exige que los propietarios que limitan con ríos o canales dejen un camino de 35 metros hasta la orilla.

El megaproyecto, lindante con Garrote, ocupará los terrenos que pertenecían al astillero ASTARSA, cerrado en la década del "90. Allí fueron secuestrados once obreros durante la última dictadura cívico-militar, y organismos de Derechos Humanos habían propuesto a Massa levantar en el predio un espacio de la memoria. Al parecer, los planteos no resultaron lo suficientemente convincentes. Por eso, los interesados en adquirir una propiedad en ese lugar donde –promete el marketing– "todos pueden tener su embarcación", son invitados a deleitarse con el showroom de lunes a domingo, de 10 a 19 horas.

"Así como creció Tigre, ahora va a crecer la gente de Tigre" (Massa, 7/4/2009).

Lorena asegura que, más que hacerla "crecer", la quieren ver lejos. Bien lejos. "Nos quieren sacar porque vivimos en la tierra más valiosa de todo Tigre", dice a Tiempo Argentino.

La construcción de complejos cerrados no generó beneficios para los vecinos más humildes del municipio. Es el caso de Las Tunas, que limita, muro mediante, con Nordelta, el barrio cerrado más famoso del municipio y hogar de varias celebridades argentinas.

Durante el temporal de abril de este año, Las Tunas se inundó. En medio de la desesperación, los vecinos abrieron un boquete en la pared de Nordelta que cuenta con una cuneta de drenaje. Y el agua empezó a bajar. Convencidos de que se trataba de una toma, los custodios de country comenzaron a disparar. No hubo muertos de casualidad.

Ni en Las Tunas ni en ninguna otra parte del municipio, las 20 mil personas que sufrieron aquellas inclemencias del tiempo pudieron acceder a los subsidios que ofrecieron la Nación y la provincia para los damnificados. "Massa no quiso reconocer las inundaciones. Hubo protestas, pero no salieron en ningún lado", recuerda Luis Cancelo, concejal de Unidad Popular en el frente Podemos.

Según un trabajo sobre urbanizaciones cerradas en Tigre, elaborado por los investigadores del CONICET Diego Ríos y Pedro Pírez, el desarrollo de este tipo de espacios "generó importantes cambios en materia ambiental, alterando las funciones que brinda el ecosistema del humedal y potenciando/produciendo, al mismo tiempo, situaciones de riesgo de desastres por inundaciones".

"Creo que el desarrollo de un lugar no se da por una persona, sino por el esfuerzo conjunto; trabajando juntos y apostando al desarrollo, haremos a Tigre cada día más grande, y estaremos orgullosos de vivir en él" (Massa, 7/4/2009).

El martirio de los vecinos de Las Tunas no terminó con el temporal de abril. Un mes después de las inundaciones volvió a llover y el barrio, a inundarse. Hartos de no encontrar respuestas, decidieron organizar una movilización a la alcaldía y para ello contrataron dos micros escolares. Antes de partir, la policía llegó al lugar y solicitó los papeles de los buses. Estaban en orden, pero los vecinos no pudieron continuar el periplo: hizo su entrada estelar la policía municipal (COT) e impidió la salida de los colectivos. Decididos a expresar su furia, los pobladores de Las Tunas caminaron hasta la Ruta 9. "Se subieron a bondis de línea. Pero los bajaron también y al final llegaron al municipio caminando", relata el concejal Cancelo.

Según el edil, el delito no es lo único que Massa intenta controlar a través de las cámaras. "Pocos días atrás estuvimos pegando afiches y las cámaras les permitieron ver dónde los pusimos. A los tres minutos vino una cuadrilla a tapar nuestros afiches con otros. Hacen inteligencia con las cámaras", se quejó Cancelo.

En La Costilla no hay custodios, pero los disparos son moneda corriente. "Cuando la policía corre a los chorros tira tiros y no les importa que estén los chicos en el medio", cuenta Griselda. Allí no llegaron las tan promocionadas cámaras que hicieron de Tigre un sinónimo de seguridad. Ni mucho menos los botones antipánico que Massa prometió colocar en todas y cada unas de las casas de su municipio. "Las cámaras son un gran negocio que Tigre hizo con Daniel Hadad. A partir de su instalación y con mucho dinero direccionado a los medios de prensa, se impulsó que los vecinos de Tigre viven seguros. Pero en Tigre la criminalidad es igual a cualquier parte del Conurbano", asegura el concejal.

En las islas del Delta del Paraná, lejos del circuito turístico y las casas de fin de semana, asoma otro Tigre. Allí viven, por ejemplo, mimbreros, productores de juncos y carpinteros. En marzo de este año, la Legislatura local aprobó cambios normativos para regular la construcción, refacción y remodelación de viviendas.

"Es una norma que impone tramitaciones muy difíciles de cumplir", afirma Maribel Carrasco, politóloga y especialista en temas de ordenamiento territorial. "Es una ordenanza excluyente, antipopular, que desalienta el arraigo de los isleños y pone en riesgo las fuentes de trabajo de los rubros vinculados a la construcción. Genera el marco jurídico para la llegada de las inversiones inmobiliarias", opina Carrasco.

La normativa exige a los pobladores el visto bueno de técnicos y arquitectos para cualquier tipo de obra que se realice en la primera sección del Delta, donde predomina la "autoconstrucción". Los isleños no podrán desmalezar el monte, ni construir casas de cemento, y deberán pasar revisiones técnicas periódicas a cargo del municipio. En el continente la vida también es complicada. Las grandes extensiones territoriales, en poder de grupos empresarios, dificultan el acceso a la tierra. "¿A donde se desarrollan esos que no quieren vivir en un barrio cerrado?", se pregunta Cancelo, a la vez que rechaza la concentración de las tierras. "Si el intendente está tan preocupado por mostrar sus dotes de estadista, debería atender esta cuestión", apunta el dirigente de Unidad Popular.

Según el censo de 2010, Tigre es el municipio con peores índices de la región norte del Conurbano en cuanto a viviendas precarias: 4386 familias viven en casillas y 886, en ranchos, contra las 891 y 223 de San Isidro, y 921 y 289 de San Fernando.

"Ya estamos resignados a vivir así. La mayoría de la gente cartonea o hace changas. Algunos cobran la Asignación (Universal) por Hijo, otros no", explica Griselda, parada sobre un pasillo de 30 metros de largo, el único asfaltado de La Costilla. "Vinieron a hacerlo hace pocos días, por la campaña", comenta. En la barriada hay un par de casas de material, el resto está construida en madera, chapa y cartón. "¿Qué hace falta? Todo, hasta las ganas de vivir, a veces", se resigna Zulema, otra vecina. Otra cuestión que tal vez "debería atender" el municipio son los basurales, como el del barrio La Paloma en la localidad de El Talar. O las empresas que vacían en el Arroyo Darragueira todo tipo de residuos contaminantes. Según aseguran los vecinos, el curso de agua recibe desde los desechos de una fábrica de anilinas hasta los de una compañía de tratamiento de residuos patológicos.

Una de las mayores dificultades para controlar a las empresas es que la Secretaría de Control Urbano y Ambiental cuenta con dos inspectores para recorrer 200 industrias y tiene un presupuesto de $ 15 millones. Esa cifra es menor a la mitad ($ 32 millones de pesos) del dinero que Tigre destina a publicidad. Nada más ni nada menos que a publicitar la "gestión Sergio Massa". «

 

 

pagan tributo hasta los pañales

 

 

La estructura tributaria del partido de Tigre da una visión más acabada de la idea que tiene en la materia el candidato a diputado y actual intendente Sergio Massa. El digesto que presentó su gobierno para el período 2013 muestra que, contra el mensaje progresivo que busca instalar en la campaña electoral mediante las críticas al Impuesto a las Ganancias, en los hechos del día a día su distrito tiene una serie de gravámenes que alcanzan productos y servicios que perjudican a los que menos tienen.

Uno de los ejemplos más burdos del escenario tigrense se ubica en el impuesto al pañal. Por cada uno de los pañales descartables que se comercializan en el territorio de Massa, se debe abonar una suma de $ 0,02. Parece una cifra ínfima pero va a parar al precio que pagan todos (sin diferenciar a la clase media o alta de los sectores populares) por un producto básico. Los gravámenes que olvidan la progresividad utilizan la excusa de la ecología para alcanzar además a las botellas plásticas no retornables, cuyo valor se ve aumentado en $ 0,10 por decisión del municipio. Los envases multicapa ($ 0,02), las latas de bedidas ($ 0,05) y los aerosoles ($ 0,05) también forman parte del paquete de normas que marca un retroceso tributario.

En tanto, se observa otro guiño regresivo cuando se pone la lupa sobre lo que dice el digesto municipal en su capítulo que se refiere a los combustibles. En ese ámbito, todos los consumidores deben pagar $ 0,20 por cada litro expendido "diesel oil, gas oil grado 2 y otros de características similares; nafta ultra, gasoil ultra y similares; y el resto de los combustibles líquidos no especificados" en los apartados de la normativa oficial. El impacto, obviamente, abulta los precios.

El Gas Natural Comprimido (GNC) no se queda atrás, ya que los usuarios deben dejar $ 0,10 por cada metro cúbico expendido. "Facúltase al Departamento ejecutivo el incremento de los presentes importes hasta un límite del 25%, en la medida que se realicen incrementos en el precio de los combustibles líquidos", agrega además el texto de normativas tigrenses que analizó este diario.

Otro ejemplo de la estructura tributaria massista reside en los derechos por venta ambulante. La actividad con la que apenas sobreviven económicamente muchas personas de clase baja tiene que pagar un tributo semestral para contar con la autorización del Estado municipal. La escalas aplican $ 480 anuales para aquellos que lo hacen sin vehículo, $ 660 para los que se mueven con vehículos sin un motor integrado y de $ 700 para los que cuenten con vehículo motorizado.

 

 

 

OPINIÓN - Modelo de segregación urbana

 

Jerónimo Rodríguez | economista del geenap

 

 

Tigre es un municipio que, por responsabilidad de la gestión de Sergio Massa, presenta una situación que deja bastante que desear en términos de equidad territorial. Mas del 60% del municipio –148 km2– está ocupado por countries y barrios cerrados (con proyección de ampliar este tipo de complejos urbanos) donde vive apenas el 10% de la población, en tanto que el 90% de la ciudadanía debe permanecer en el 40% restante del territorio. Este ordenamiento territorial responde a un modelo de gestión municipal que, basado en la especulación inmobiliaria, genera una clara demarcación entre barrios ricos y pobres, contradiciendo el discurso de Massa, quien afirma trabajar por la movilidad social. De esta manera, el municipio queda organizado a partir de un centro muy minoritario y opulento y una periferia mayoritaria que no dispone de los servicios básicos. Asimismo la falta de planificación a la hora de otorgar los permisos de construcción de barrios cerrados potencia los problemas de inundación del municipio. En este sentido, a pesar de las numerosas obras hídricas y de saneamiento del gobierno nacional, el avance desmedido de la construcción de barrios cerrados y countries con el consentimiento del municipio, sin las medidas infraestructurales mínimas, pone en peligro la calidad de vida de los tigrenses. A pesar de haber transcurrido una década de crecimiento económico con inclusión social a nivel nacional, la lógica expulsiva de la gestión Massa, de claro tinte neoliberal y desregulacionista, ha impedido revertir el grado de desigualdad al interior del municipio, que presenta zonas de alto poder adquisitivo y una gran mayoría con deficiencias habitacionales y de acceso a los servicios básicos. Para intentar responder esta aparente paradoja entre la existencia de un abultado presupuesto y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo tigrense recurrimos al Presupuesto 2012. Ahí nos encontramos con una importante subejecución en el crédito vigente de unidades jurisdiccionales claves para la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Se destaca la baja ejecución para los programas "Emergencia Sanitaria" (34%), "Tierra vivienda y hábitat social" (15%) y "Construcción de obra pública" (38%). Esta situación se agrava si se analiza el Presupuesto 2013, donde pierden participación dentro de la estructura del gasto las partidas destinadas a las jurisdicciones Secretaría de Servicios públicos y Conservación de la Infraestructura, Política Sanitaria y Desarrollo Humano y Secretaría de Inversión Pública y Saneamiento. Dichas jurisdicciones pasaron de representar más del 80% del total del presupuesto a apenas superar el 60 por ciento. Frente a la reducción en el peso de estas partidas, los recursos destinados a la publicidad del municipio vienen ganando participación año tras año. Para 2013, el presupuesto destinado a publicidad asciende a $ 32.270.000. En lugar de hacer frente a las necesidades de los habitantes de Tigre, reduciendo el importante grado de desigualdad y polarización social al interior del municipio, el intendente Sergio Massa destina una amplia porción del presupuesto a publicitar una gestión con pocos resultados en términos de políticas públicas.

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