El Gobierno nacional autorizó el derribo o destrucción de aeronaves declaradas hostiles durante el operativo de seguridad dispuesto para la visita del papa León XIV a la Argentina.
La disposición quedó oficializada mediante el Decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, para las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La normativa amplía las reglas de protección aeroespacial vigentes desde 2016 y habilita el empleo de la fuerza por parte del Sistema de Defensa Aeroespacial ante aeronaves consideradas como una amenaza.
El derribo como última instancia
El uso de armamento será una medida excepcional orientada a impedir que un vector hostil continúe su trayectoria. Para ello, deberá constatarse previamente un ataque armado o la amenaza inminente de utilizar una nave contra personas, instalaciones estratégicas o intereses vitales de la Nación.
Se evaluarán indicios como la presencia de armamento o la persistencia en una trayectoria, altura o velocidad compatibles con un ataque, incluso tras haber recibido advertencias. Asimismo, se contemplan planes para reducir riesgos sobre personas y bienes en tierra.
Responsabilidad operativa y mandos
La declaración de hostilidad recaerá sobre el comandante conjunto Aeroespacial. No obstante, la aplicación de la regla para el empleo de armas requerirá la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, facultad delegada por el presidente Javier Milei.
El Comando Conjunto Aeroespacial articulará las acciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para establecer las restricciones aeronáuticas correspondientes.
Controles e implementación
La medida no implica el cierre total del espacio aéreo ni una prohibición general de vuelos. El esquema permite fijar niveles de control, delimitar sectores restringidos y disponer el desvío de aviación civil si las condiciones lo demandan.
Las tareas involucrarán a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) en coordinación con mandos militares y aeronáuticos. La financiación se cubrirá con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ejército y el Estado Mayor Conjunto.
