El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia del sistema de atención a personas con discapacidad. La iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor y ninguno en contra, y ya contaba con un amplio respaldo de la Cámara de Diputados, donde había obtenido 237 votos afirmativos.
La nueva normativa busca garantizar el financiamiento del sistema de prestaciones y establecer criterios permanentes para su funcionamiento. Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo: “No estamos votando solamente una ley, estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político”.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
Entre los principales puntos, la norma dispone que las pensiones por discapacidad sean equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece su compatibilidad con otras asignaciones sociales y con el trabajo registrado, siempre que los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos.
También fija los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y atravesar una evaluación socioeconómica.
Otro de los aspectos centrales es la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, con el objetivo de evitar que los aranceles que reciben los prestadores pierdan valor.
Regularización de deudas y cobertura médica
La ley contempla un mecanismo para regularizar las deudas que el Estado mantiene con instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia de la norma y tendrá un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
Además, garantiza a los beneficiarios de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud y mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad.
Durante el tratamiento, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de controlar la aplicación de la norma y garantizar que los fondos previstos sean incorporados al próximo presupuesto.