La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió anular las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), apartar de su cargo al secretario general Abel Furlán —quien había sido reelecto en marzo de este año— y disponer la intervención judicial del sindicato durante un plazo de 180 días, período en el que deberá desarrollarse un nuevo proceso electoral.
La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró la nulidad de los comicios realizados en la seccional Campana, origen de la causa judicial impulsada por la opositora Lista Naranja, que había denunciado irregularidades durante las elecciones desarrolladas entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.
Según la resolución, la elección local de Campana y los comicios nacionales celebrados el 18 de marzo conformaban un proceso “inescindible”, por lo que la invalidez de la primera derivó en la nulidad de toda la elección nacional. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez Víctor Arturo Pesino, cuyo voto fue acompañado por la magistrada María Dora González.
El fallo ordenó el “cese inmediato” de Abel Furlán y del resto de las autoridades electas, además de dejar sin efecto todas las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción.
Ante esta situación, la Justicia declaró la acefalía del gremio y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la responsabilidad de reorganizar institucionalmente el sindicato y convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses.
Entre las principales irregularidades detectadas, el tribunal señaló deficiencias en la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas, sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes para preservar la inviolabilidad del voto.
“La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, afirmaron los jueces en la sentencia.
Además, cuestionaron que las urnas permanecieran bajo custodia de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y consideraron “inaceptable e irrazonable” que se exigiera a los representantes opositores permanecer en el lugar para supervisar el proceso.
La Cámara también advirtió que tanto la Junta Electoral local como la Junta Electoral Nacional mantuvieron “silencio” frente a las denuncias presentadas por la Lista Naranja.
En otro tramo del fallo, los magistrados remarcaron que la UOM desobedeció una medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, sostuvieron.
Finalmente, la Justicia justificó la intervención judicial como una medida necesaria para garantizar la recuperación institucional del sindicato y asegurar un nuevo proceso transparente.
“La intervención judicial no es un acto discrecional que busca limitar la autonomía sindical, sino el único remedio posible para restaurarla”, concluyó el tribunal.
