Argentina se encuentra atravesando una crisis económica y social sin precedentes producto de 2 pandemias. 

Una es el COVID19, que recorre el mundo desatando una crisis sanitaria y un derrumbe económico que ha traído graves perjuicios a todos los países, sin distinción. La otra es la pandemia nacional que ha significado el gobierno de Cambiemos para nuestro país. Generadores del endeudamiento más grande de la historia; el empobrecimiento de millones de argentinos; y la destrucción masiva de la industria y el comercio nacional; han sido la muestra real de cuáles son los efectos de las políticas neoliberales cuando se llevan a cabo. 

Las políticas energéticas implementadas fueron parte de este desguace. Las Multisectoriales en Red denunciamos que la gestión de Cambiemos montó, desde sus inicios, una gran estafa. A la vez que se entregaba las principales empresas de generación y distribución de energía del país a grupos económicos allegados a Macri, se permitía a los nuevos accionistas llevar a cabo un aumento de tarifas sin precedentes en la historia nacional. 

Los resultados fueron dramáticos. Con subas promedios del 3000 al 4000%, millones de familias quedaron imposibilitadas de poder acceder a los servicios de gas y electricidad. El endeudamiento se hizo masivo. Miles de pymes cerraron sus puertas ante el doble efecto de una suba tarifaria irracional y una apertura comercial indiscriminada. Previsiblemente, aumentó la desocupación y crecieron los usuarios y usuarias que no podían acceder a un servicio esencial. Las ganancias extraordinarias de las prestadoras de servicios no fueron a inversión en infraestructura, sino que terminaron engrosando la fuga de capitales que desangró al país los últimos 4 años. 

El 27 de octubre de 2019 el pueblo argentino decidió cambiar el rumbo de la historia y eligió Alberto Fernández como presidente para revertir los años de retroceso y de vulneración de derechos. Entre los tantos caminos a desandar, la revisión de todas las políticas implementadas en materia energética y tarifaria por Cambiemos, resultaba fundamental para avanzar en la soberanía energética nacional y en garantizar el acceso a la energía para todas las argentinas y argentinos. 

Comenzar a efectuar una revisión tarifaria integral; analizar y evaluar los contratos energéticos mayoritariamente perjudiciales para el erario público, designar nuevas autoridades en los entes de control y definir un rol efectivo de los mismos, jerarquizándolos; y suspender los aumentos de tarifas fueron las primeras medidas implementadas por el gobierno desde su asunción. Eran los primeros pasos de una política energética y tarifaria tendiente a dar un giro de 180° sobre lo hecho en los últimos 4 años. 

Lamentablemente, el escenario se agravó. A la crisis económica y social heredada, se sumó la propagación de la pandemia del Covid 19. En ese marco, se hicieron necesarias urgentes medidas sanitarias para evitar las muertes, contagios masivos y el colapso del sistema sanitario que hemos visto en muchos países europeos y en gran parte de América. 

Nuevamente, el gobierno priorizó a los más afectados y decretó la prohibición de cortes de servicios hasta fin de año. Hemos apoyado cada una de estas estas medidas. Asimismo, destacamos la voluntad de la gestión del Presidente Alberto Fernández por impulsar soluciones inmediatas ante la complejidad del panorama. 

Sin embargo, señalamos que el problema lejos está de resolverse. Las facturas emitidas por las empresas siguen siendo inalcanzables. El 40% de las usuarias y usuarios se encuentran endeudados. La situación para muchas pymes a lo largo y ancho del país es similar. Todo esto, enmarcado en una prestación del servicio que sigue siendo deficitaria y que no ha tenido ninguna inversión.  

Resulta indispensable avanzar en un plan estratégico y global que aborde la cuestión energética garantizando que la energía se constituya como una palanca para el desarrollo nacional y un derecho esencial para todo el pueblo argentino. Para ello, hay que desmontar el esquema energético montado por Cambiemos, que se constituyó como un fabuloso negocio que a la vez que deterioró la economía productiva, fugó divisas del país Es preciso avanzar y concluir la revisión tarifaria integral, como lo ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires; desdolarizar los servicios y desandar aumentos tarifarios que nunca tuvieron justificación técnica ni económica; establecer una condonación de deudas para todas aquellas usuarias y usuarios que atraviesan una situación de vulnerabilidad, y a la vez promover una política tarifaria inclusiva que garantice el derecho a la energía para todos los sectores populares; junto con un plan de inversiones tendiente a mejorar la infraestructura de prestación de servicios. Todas estas iniciativas solo se podrán llevar a cabo si el estado recupera la potestad sobre el control de la energía. Se trata de desandar el camino de las políticas neoliberales y retomar la senda que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia Avanzar con estas medidas requiere que la cuestión energética asuma un rol central de cara la nueva etapa. Por eso es fundamental jerarquizar el ámbito gubernamental desde donde se lleven a cabo estas políticas. 

Es impostergable la creación del Ministerio de Energía y la ampliación y extensión de los organismos de control a lo largo y ancho del país. Sabemos que no es sencillo. Somos conscientes de los intereses que se afectan al avanzar en estas iniciativas. 

Vemos y repudiamos los constantes ataques y operaciones al gobierno democráticamente electo. La voluntad de generar encono y desestabilización por parte de los grupos económicos y sus operadores mediáticos es permanente. No estamos dispuestos a permitir que se avasalle la voluntad popular con operaciones mediáticas, la difamación y la mentira Por eso, no solo es necesario que el gobierno del Frente de Todos lleve a cabo un plan energético y tarifario que revierta el desastre de Cambiemos. También es prioritario la más amplia convocatoria a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas para ser partícipes en esta nueva etapa. Porque cada medida que el gobierno implemente, constituirá una verdadera batalla por avanzar en la ampliación de derechos. 

Desde las Multisectoriales en Red nos ponemos a disposición para avanzar en ese camino.