Desde el Partido Socialista vemos con notoria preocupación la intención del Gobierno Nacional de reformar por decreto reglamentario la Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657).

No bastó con el polémico lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud (CUS), cuyo espíritu desfinancia el sistema público de salud nacional en favor del sector privado. Ahora, el Gobierno Nacional puso el foco en la política de salud mental y en las personas con padecimiento mental.

¿Qué es lo que quiere presentar el oficialismo?

El Gobierno Nacional tiene en carpeta un decreto que modifica la esencia de la Ley Nacional de Salud Mental, que fue sancionada, debatida, consensuada por una amplía mayoría en el Congreso Nacional y apoyada por organismos internacionales en noviembre de 2010.

¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios?

Este accionar implica un grave retroceso para los derechos de las personas con padecimiento mental, porque modifica la concepción de salud mental y la reduce a una visión biologicista, así como también retoma el concepto de manicomio como fuente de aislamiento del paciente en detrimento del actual enfoque interdisciplinario.

La reinstalación del concepto del “manicomio” se configura en forma disimulada a partir de la denominación “de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”. Lo que indica que se retoma el cauce de estigmatizar a las personas como “enfermas” y bajo un entorno de reclusión alejado de todo contacto social y de ser atendidas, como dice la actual ley, en efectores generales de salud.

Este cambio nos retrotrae al modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista con resultantes ineficientes para un tratamiento integral de las personas con padecimiento mental. Una mirada que se ampara en la lógica de la revelación científica y que se aleja del enfoque interdisciplinario, pilar vital de la Ley de Salud Mental, que se nutre de los aportes de la psicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, la musicoterapia, etc.

A su vez, determina el regreso del formato de internación compulsiva, es decir; se pasa por alto la incidencia del daño para sí y para terceros para reinstalar el concepto de peligrosidad como mecanismo disciplinario y de disociación.

Otra consecuencia latente que se avecina con estas modificaciones es la instalación de un modelo tutelar de sustitución de la voluntad, donde la persona pueda ser considerada como incapaz. Una cuestión de gravedad que contradice la legislación y pone en riesgo la voz y los intereses de las personas con padecimiento mental.

Además, hay un riesgo de inconstitucionalidad con este decreto pasando por alto derechos adquiridos y suscitando contravenciones a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La evidencia de esta acción política del Gobierno Nacional se articula dentro del denominado “reformismo permanente”, que no es ni más ni menos, un paquete de medidas (fiscales, provisionales, laborales, etc) que afectan a derechos y garantías consagrados y adquiridos en la Constitución Nacional y que exponen a la población a una pauperización de su calidad de vida.