La noticia se publicó en un periódico santafesino: "Macri busca médicos rosarinos para llevarlos a los hospitales porteños", tituló el diario La Capital. La medida del Gobierno de la Ciudad (GCBA), si bien se amplía a todo el país, hace foco en Córdoba y Rosario. Criticada por representantes de distintos centros de salud, se da en un contexto de conflicto entre el macrismo y los médicos de la salud pública porteña, con bajas salariales, despidos de trabajadores de guardia, falta de nombramientos y cierre de servicios. Algunos de los sectores en los que busca profesionales de otros distritos contaban con médicos hasta no hace mucho, y fueron echados.

La convocatoria en Rosario fue simultánea con otra similar en la ciudad de Córdoba, el viernes 25 de abril, sin cupos y con plazo abierto hasta fin de año. El modo es sencillo: se debe mandar el curriculum por correo electrónico, y luego el Ministerio de Salud de la Ciudad hará una preselección de los anotados. "En el gobierno porteño indicaron que serán contratos bien pagos, acorde a la prestación", resalta el artículo. Ante la consulta de Tiempo Argentino, voceros de la autoridad sanitaria porteña dijeron desconocer el tema.

La elección de esas dos ciudades, las únicas en las que la Ciudad tiene una Casa de Buenos Aires, persigue "un interés político de llegar a esas poblaciones con información, datos y vínculos" de cara a la votación presidencial del año próximo, le confió a La Capital un funcionario porteño. Y reconoció que "el nivel de excelencia de los médicos rosarinos y su formación fueron factores que influyeron al momento de decidirse esta búsqueda laboral". Las vacantes son "ilimitadas" y permitirán que el "médico golondrina" siga viviendo en Rosario: "Hace la guardia y vuelve a su casa".

"Es una barbaridad, porque lo que falta en Capital son precisamente nombramientos. Una de las primeras cosas que reclamamos es que actualicen planteles, estructuras, nombrando gente que está sin nombrar. Otros se jubilan y no son remplazados. Acá sobran médicos y los tienen precarizados", enfatizó Guillermo Rossi, de la agrupación Renovar y Participar, del Hospital Tornú, miembro de la Co.Gre.Sa.P (Coordinadora Gremial por la Salud Pública).

La convocatoria oficial está abierta "para todos los profesionales de la medicina", pero hace foco en cubrir cargos de las especialidades neonatología, cardiología, psiquiatría infanto-juvenil, terapista y terapista infantil. El Hospital Álvarez, por ejemplo, contaba con una sola cardióloga infantil, pero la despidieron a partir del dictado de la resolución 1657, a fines del año pasado, la cual estableció limitaciones a las horas de "suplencia de guardia en planta" en todo el sistema de salud de la Ciudad. El decreto supuso el despido de 1500 médicos porteños. Desde la Co.Gre.Sa.P. aseguraron que en el distrito además hay 2200 casos ya concursados que están "desfinanciados", sin partidas asignadas. En el Álvarez también disolvieron programas contra adicciones, trata y violencia. Noventa y ocho profesionales quedaron sin trabajo, entre ellos el equipo que hacía diagnóstico prenatal.

"No se entiende, teniendo profesionales en la ciudad, cómo los buscan en otros distritos", reflexionó una ex psicóloga del Álvarez, una de las despedidas. Hubo profesionales que iniciaron acciones legales para ser reincorporados, algunos recibieron cautelares a favor, pero el macrismo continúa incumpliéndolas.

A raíz de la situación general, se llevaron a cabo dos Marchas Blancas entre noviembre y enero. En el hospital del barrio de Flores, cuya guardia incendiada en 2012 aún no fue reconstruida, de 14 estudios que se efectuaban con cámara Gamma pasaron a realizarse siete, debido al recorte de la mitad del personal, lo que trajo una extensa reprogramación de turnos.

Lo mismo sucede en el Moyano. En este hospital, intervenido actualmente por el Ministerio de Salud porteño, que posee 800 pacientes internados y 30 mil consultas externas al año, ante el quite de guardias decidieron priorizar el área de psiquiatría, en detrimento de psicología, trabajo social y rehabilitación, perdiendo uno de los ejes principales de la ley de Salud Mental, el de lo interdisciplinario. Luego de la resolución 1657, las guardias bajaron de 500 a 250. Médicos autoconvocados se reunirán mañana en un abrazo simbólico al neuropsiquiátrico, en la calle Brandsen 2570, a las 11, "para proteger y defender el hospital".

En esta convocatoria del Gobierno de la Ciudad a profesionales de fuera del distrito, también subyace el factor económico. Unos 16 mil trabajadores de la salud pública porteña recibieron su sueldo desde julio pasado con un recorte de al menos un 15 por ciento. La administración macrista lo justificó en que hubo un "error técnico" en la aplicación de la paritaria 2012. Nunca se los recompusieron.

Para el diputado porteño Alejandro Bodart (MST), "la convocatoria es una chantada electoral para fortalecer a Miguel Del Sel en Santa Fe y hacer campaña en Córdoba. En vez de salir a buscar médicos, sería mejor que no echara a los que están trabajando. Muchos enfermeros pasaron de la salud pública al sistema privado".

En el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a raíz de la resolución 1657, despidieron a 63 profesionales, y cerraron los programas BAP, que atendía a niños en situación de calle, y el GORIP, que regulaba durante las 24 horas todas las internaciones pediátricas. Este último programa fue ganador del "mérito a la Gestión de Calidad en Salud" por parte del Ministerio de Salud porteño en 2008. La misma cartera que cinco años después lo disolvió. Los programas restantes sobrevivieron con 98 pediatras, sobre los 160 que tenían. Y a su vez reciben un 42% menos de sueldo.

"Es absurdo que recorten los programas, despidan gente y después quieran traer otros del interior. Buscan presionarnos, pagar menos dinero y tener peores condiciones de trabajo", afirmó Laura Schargrodsky, pediatra del SAME y también presidenta a cargo de la filial de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez.

Los profesionales denunciaron una serie de auditorías "persecutorias" ocurridas desde hace unos seis meses en distintos centros de salud públicos de la Capital Federal, como ocurrió en el Moyano. En este contexto, el gobierno de la Ciudad busca traer médicos de otras provincias. «

Macri y la salud pública, una relación conflictiva

DE LA GENERAL PAZ PARA ACÁ

"La realidad es que son hospitales de la Capital que tienen la vocación de atender a todo el mundo, pero la prioridad la tienen que tener los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires", manifestó Macri el 22 de diciembre de 2007, a pocos días de asumir en su cargo de jefe de gobierno. La declaración fue un apoyo al entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, quien un día antes había anunciado la implementación de un sistema "de derivación protegida".

"CIERRE PREVENTIVO"

El 3 de marzo de 2010, el Ministerio de Salud porteño realizó un "cierre preventivo" del hospital oftalmológico Pedro Lagleyze, por considerar que el edificio no estaba en "condiciones operativas" para atender a los pacientes por las inundaciones ocurridas un mes antes. En julio de 2010, la jueza Elena Liberatori ordenó reabrirlo. En junio de 2011 la misma magistrada volvió a intimar al gobierno porteño por la falta de gas, que llevaba tres años.

NO ENTRAMOS A LA VILLA

El 5 de abril de 2011, Humberto Ruiz murió luego de que una unidad del SAME se negara a entrar a la Villa 31 para socorrerlo. "Tenemos órdenes", dijeron el chofer y la médica que iban en la ambulancia. En el lugar había un móvil de la Policía Federal que se ofreció a custodiarlos, pero los dos trabajadores mantuvieron la postura. Ruiz tenía epilepsia y era demasiado grande para que lo transportaran los vecinos. Les pidieron una camilla; se la negaron.

DESARTICULACIÓN DEL PAC

En marzo de 2012, el Gobierno de la Ciudad desarticuló el Programa de Atención Comunitaria de Niños y Adolescentes (PAC), destinado a la atención de patologías mentales severas, que evitaba internaciones por razones sociales. Ese servicio había obtenido diversos premios académicos y de entidades profesionales, y fue reconocido por instituciones como el Consejo de Derechos de Niños y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad.

ABORTO EN LA RURAL

El 4 de octubre de 2012, durante una cena en La Rural, Mauricio Macri anunció que se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad y difundió datos de la mujer que por ley debían permanecer en secreto. Por el aviso, una asociación católica fue a la justicia y una jueza suspendió la operación. Poco después, el jefe de gobierno vetó la ley que regulaba el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles, votada por la Legislatura.

REPRESIÓN EN EL BORDA

El 26 de abril de 2013, más de 300 efectivos de la Policía Metropolitana irrumpieron sin orden judicial en el neuropsiquiátrico, con palos, gases y balas de goma, para proteger el accionar de una empresa que intentaba demoler un taller protegido para construir el nuevo Centro Cívico. Hubo ocho detenidos y más de 50 heridos. "Nunca previmos que podía haber tal nivel de agresión hacia la policía", dijo la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal.

SIN ENFERMEROS

En julio de 2013, el Juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo porteño intimó al Gobierno de la Ciudad a contratar a 30 enfermeras para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Niños en un plazo de 15 días. La crítica situación de la UTI había sido denunciada por el jefe de ese servicio, Gerardo Ernesto Moreno. "Aquí hay un enfermero cada nueve pacientes en terapia intensiva, esto es criminal", dijeron desde la Asociación de Enfermeros.

Un caso testigo

Los profesionales consultados afirman que no faltan médicos, y utilizaron un caso testigo: la Ciudad busca cirujanos afuera cuando en el Hospital Álvarez tenían la única cirujana infantil. Fue despedida hace pocos meses, a raíz de la Resolución 1657.