Tres hombres fueron imputados por integrar una asociación ilícita que cometía estafas telefónicas al contactar a clientes bancarios, generalmente a personas mayores de 70 años, haciéndoles creer que eran empleados del banco o de alguna empresa. De ese modo, en la conversación obtenían de las víctimas sus datos personales, claves y contraseñas para tener acceso a la cuenta desde la cual luego realizaban transferencias sucesivas a otras cuentas para finalmente realizar la extracción del dinero en cajeros automáticos.

La investigación a cargo del fiscal Mariano Ríos Artacho comenzó en agosto del año pasado. Con intervención del Organismo de Investigaciones (OI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la pesquisa incluyó allanamientos en la provincia de Córdoba, escuchas telefónicas, informes bancarios y esquemas gráficos de las numerosas personas que participaban de las maniobras al prestar sus cuentas para ser usadas como “puentes” en las transferencias de dinero.

Las estafas virtuales o telefónicas, un delito en aumento. 

Estafas telefónicas: imputaron a una banda que engañaba por whatsApp a adultos mayores

Según planteó el fiscal ayer en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, existen dos carpetas judiciales en la ciudad de Santa Fe por hechos cometidos por la misma banda. Se detectó además que los integrantes de la organización recibían dinero de víctimas de distintas ciudades del país, por lo que existe “un número indeterminado de personas perjudicadas patrimonialmente con esta mecánica”.

Carlos Ezequiel “Pitu” Q., de 34 años; Lucas Daniel A., de 27; y Miguel Angel O., de 39 años, fueron imputados de haber integrado la asociación ilícita junto a otras personas (seis de ellas identificadas) además de dos hechos concretos de estafa. El fiscal solicitó la prisión preventiva del grupo y el juez Florentino Malaponte dispuso esa medida hasta el 20 de diciembre.

La maniobra consistía en contactar a clientes bancarios para obtener sus datos personales, claves y contraseñas para tener acceso a la cuenta. Luego, a través de plataformas de home banking usaban la cuenta intervenida para gestionar préstamos, realizar transferencias o incluso como “puente” en el movimiento de fondos de otras víctimas. Se detectó que concretaban transferencias sucesivas para que se perdiera la trazabilidad del dinero, que finalmente era retirado en efectivo en cajeros automáticos.