Luego de conocerse la identidad de quien perdiera la vida durante las últimas horas de éste sábado en el homicidio ocurrido en una vivienda de Destéfanis y Ramón y Cajal de barrio Italia, los investigadores se ocuparon de establecer las circunstancias que rodearon el suceso.
De acuerdo a lo que conoció Rafaela Noticias, los investigadores habrían colectado material suficiente para conducir la causa bajo la caratula de “Legítima Defensa”.
¿Que significa la Legítima Defensa en el Código Penal Argentino?
En su artículo “Legítima defensa. Diez aspectos clave para comprender su alcance” el reconocido abogado Federico Borzi Cirilli asegura que ésta, es una causa de justificación que aparece en el Art. 34 del Código Penal. La misma, no hace desaparecer el delito, sino que “convierte a la conducta penalmente típica en permitida ante la presencia de determinadas circunstancias”.
En éste caso, las causales que entran en consideración son: la existencia de una agresión ilegítima por parte del atacante, la necesidad y proporcionalidad del acto defensista y la falta de provocación por parte de quien se defiende.
Es importante destacar que, sólo en aquellos casos en los que exista una conducta encuadrable en una norma del Código Penal pero que se vea alcanzada por la totalidad de estos tres requisitos, se puede afirmar que se actuó en legítima defensa.
¿Que pasa con el imputado de la muerte en barrio Italia?
Si bien aún no hay precisiones oficiales, distintas fuentes consultadas hablan de que José R. el único imputado por la muerte de Rolón, por voluntad propia y con la asistencia de su abogado, ya habría declarado ante el Fiscal Marín Castellano.
Siguiendo los trascendidos de quienes están ligados a la investigación, las palabras del imputado, que atraviesa un delicado estado de salud, fortalecerían la hipótesis de la “Legítima Defensa” ya que se encuadraría en lo relatado párrafos arriba.
Ahora, las pesquisas apuntan a cotejar las declaraciones de José R. con las evidencias que fundan la investigación. De resultar favorable al imputado, la justicia debería desvincular definitivamente al acusado del proceso penal que se le seguía, quien no sólo queda exento de ser sometido a juicio oral o a una condena, sino que tampoco registrará antecedente penal alguno.