Un proyecto presentado en la Legislatura de Santa Fe por la diputada del bloque UCR Evolución Marlén Espíndola, busca cercar aún más a los morosos alimentarios. Se trata de las personas obligadas al pago de alimentos por resolución judicial y que se encuentran incumpliendo las cuotas correspondientes (3 consecutivas o 5 alternadas), habiendo ingresado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
La legisladora, propone modificar a Ley 8.525 que en el artículo 12 enumera cuáles son los impedimentos que tiene quien quiere ingresar a trabajar en el Estado provincial, como por ejemplo estar condenado por delito contra o en perjuicio de la Administración Pública, o estar condenado por delitos sin que haya pasado cierto tiempo desde cumplimiento de la pena, entre otros. Lo que pretende la Diputada ahora es que a esa lista se le agregue "quien se encuentre incluido en el Registro de Deudores Alimentarios", como impedimento para trabajar en el Estado provincial.
Desde la sanción de la ley que crea el Registro de Deudores Morosos alimentarios (iniciativa de la Diputada mandato cumplido Alicia Tate en 2001) es requisito indispensable para acceder a varios trámites y solicitudes; como así también para ocupar ciertos cargos públicos o para simplemente poder salir del país, no encontrarse en dicho registro como deudor moroso alimentario. Ésta es una exigencia que se ha vuelto indispensable para innumerables cantidades de trámites que a diario los ciudadanos realizan. Cabe recordar que en Rafaela, por ejemplo, hace unos años a instancias del concejal Lisandro Mársico, se aprobó una ordenanza en la que se prohíbe que quienes sean morosos alimentarios sean proveedores del Estado Municipal. Por lo que el ejecutivo está obligado, al menos una vez al año, a pedir la certificación de que sus proveedores no están en el registro mencionado anteriormente. Respecto a quienes ingresan a trabajar al Municipio, aún no está esta dicha limitante.
Una de las finalidades de la creación del Registro de Deudores morosos alimentarios fue poder visibilidad una problemática y brindar recursos para superar los problemas que no encuentran una solución definitiva al inconveniente social generado por aquellos padres que por alguna razón no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios que le corresponden a sus hijos. La creación del Registro de Deudores Morosos Alimentarios busca hacer efectivas las disposiciones judiciales respecto de quienes allí se encuentren registrados, porque es esencial que cumplan y no recurran a artilugios o vacíos legales para eludir sus responsabilidades. "Con el presente proyecto de ley respaldamos la lucha por los derechos alimentarios que corresponden a los hijos", fundamenta la diputada Espíndola.
Por su parte, desde Florentina Rafaela, ONG que trabaja contra la violencia de género, brindaron su apoyo a la iniciativa, recordando que la violencia económica es uno de los factores más determinantes para una mujer a la hora de realizar una denuncia por violencia de género. Y agregaron que justamente es el Estado el que tiene que dar el ejemplo y hacer respetar - entre los que contrata en este caso- los derechos humanos que le asisten tanto a la mujer como a sus hijos a recibir lo que corresponde en materia de asistencia alimentaria. Además, desde la ONG indicaron que esta normativa no solamente debería regir para el Estado provincial, sino para los diferentes niveles de estado.
