Ante la creciente ola de delitos que sufre la provincia de Santa Fe y las desprolijidades ocurridas en el funcionamiento de las cárceles santafesinas, Mirabella presentó en la Cámara de Diputados tres iniciativas que buscan responder el reclamo de la sociedad santafesina que padece esta lamentable situación.

En uno de ellos, el legislador solicita que se brinde un detalle pormenorizado de la cantidad de armas de fuego denunciadas, robadas, extraviadas o extraídas del control oficial. “La crónica periodística y la información que nos llega da cuenta de una fuente de aprovisionamiento que tiene el agravante de conllevar responsabilidad del Poder Ejecutivo y sus dependencias en un contralor que no se lleva a cabo, y que pone en manos de la delincuencia material que ha sido adquirido con fondos públicos justamente para la lucha contra la misma”.

En otro de los proyectos presentados pide que se informe la cantidad de fugas de los establecimientos penitenciarios ocurridas durante el año 2016, y ante ello el diputado dijo: “¿Podemos realmente pretender que la población perciba un aumento de la seguridad pública, cuando los pocos delincuentes que son detenidos en proporción a la abundancia de hechos delictivos, logran evadirse con una facilidad que llama la atención? Nunca se informa si las fuerzas de seguridad con responsabilidad en las fugas, lo hicieron como cómplices o por negligencia, y cuáles sanciones recibieron.”

Y por último, en otro pedido de informe, Mirabella solicita a las autoridades penitenciarias de la cárcel de Coronda que respondan ante las acusaciones periodísticas en relación al descontrol que la sociedad percibe por el orden y disciplina dentro de las unidades penitenciarias. “Necesitamos saber cuáles son las auditorías que el Ministerio de Seguridad realiza sobre la actividad carcelaria, dado que es habitual la presencia de elementos prohibidos dentro de los penales o conductas que a priori no parecen autorizadas para los internos e dichas instituciones,” detalló el legislador, y agregó: “No se trata de que “haya una postura de la sociedad que tengan que sufrir”, según las palabras del secretario Pablo Cococcioni, si no de asegurar que los presos estén cumpliendo su condena dentro de establecido por las leyes y normas que así la regulan.”