La diputada de Somos Vida Unión Federal de Santa Fe, Amalia Granata, ingresó un proyecto de ley a la Legislatura para "establecer los parámetros y disposiciones que regulan y rigen el consentimiento informado de las personas que soliciten la realización de alguna de las prácticas abortivas en los casos previstos por la Ley Nacional N 27.610" (Art. 1). Es decir, habilitar por ley, una serie de prácticas por las que debería pasar una persona gestante a la hora de dar su consentimiento para realizar un aborto. Si bien la norma nacional ya habla de que la persona tiene derecho a recibir información sobre su salud y sobre la práctica que se va a realizar, Granata pide que se le haga saber específicamente: su estado de salud general previo al procedimiento cuya práctica persigue; las consecuencias esperables del mismo en el corto, mediano y largo plazo, en la faz anatómica, psicológica y de su futura salud sexual y reproductiva; las molestias, riesgos, complicaciones y efectos adversos que pueden presentarse en la práctica a realizarse, distinguiéndose entre aquellos muy probables, probables, poco probables y poco frecuentes. También la Diputada quiere que se le informe a la persona arbotante la edad gestacional del embrión o feto, su contextura anatómica, medidas, peso, latidos por minutos, su etapa de desarrollo orgánico y capacidades sensoriales desarrolladas tales como oído, sensibilidad al tacto y aptitud para sentir dolor, así como su capacidad de supervivencia en la vida extrauterina. Y que finalmente se le brinde información sobre "otras salidas alternativas previstas en la legislación argentina para embarazos inesperados u ocurridos en contextos de vulnerabilidad afectiva, familiar, social y/o económica" (Art. 2).
El artículo 3 del proyecto es posiblemente uno de los que más cuestionamientos generará por parte de quienes apoyaron la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Granata solicita que "el profesional de la salud actuante deberá practicar una ecografía doppler de los vasos fetales, un ultrasonido obstétrico y un examen imagenológico de ondas sonoras, cuyos resultados está obligado a compartir con la paciente solicitante". Aunque esta última "podrá negarse a ver las imágenes y oír los latidos fetales por sí misma, manifestando por escrito que habiéndosele ofrecido tal posibilidad, la ha rechazado y dejando constancia de ello en su historia clínica". Lo que si deja prohibida esta ley es que el profesional de la salud induzca "a la solicitante respecto de la no realización de alguna de estas prácticas".
Más adelante, el artículo 8 del proyecto habla de otorgarle la posibilidad al paciente de revertir la decisión de abortar, la cual "es revocable en todo momento. El profesional actuante deberá acatar tal decisión aun cuando el paciente se encontrare en la preparación pre quirúrgica o en el procedimiento quirúrgico mismo siendo aún posible detenerlo".
El proyecto de Granata ingresó este miércoles a la Legislatura y ahora vendrá seguramente un arduo debate que dividirá las aguas entre "celestes" y "verdes", tal como ocurrió años atrás previo a la aprobación de la ley nacional.
