La diputada socialista Erica Hynes presentó un proyecto de ley de alimentación pública con el objeto de regular la alimentación que brinda el estado para proveer alimentos en cantidad y calidad nutricional adecuados, apoyar la producción de cercanías, e incluir la participación de las personas beneficiadas y el respeto de sus preferencias como parte de los derechos económicos, sociales y culturales.

"Uno de los impactos más notorios de la pandemia provocada por el Covid-19, además de la salud, fue en la oferta y demanda de alimentos", indicó Hynes. "Desde que se inició la emergencia hay más personas en riesgo alimentario, y la producción y la distribución de mercaderías se ve afectada. Los diputados y diputadas Socialistas planteamos la necesidad de una ley que contemple esta situación pero que a la vez aporte una mirada integral, que regule la alimentación que brinda el estado, la participación de las personas beneficiarias y el desarrollo del abastecimiento de alimentos sanos y adecuados de producción local", agregó.

Si bien existe una amplia normativa y programas en torno a la alimentación, el proyecto de la legisladora socialista incorpora elementos innovadores, como la creación de un Foro de Alimentación y un Consejo de Alimentación Pública. "El primero es un espacio de participación de las personas beneficiarias, que incluye iniciativas para recomendar tipos de alimentos, formas de preparación y menús que resalten sus preferencias, así como el armado de presupuestos participativos y la elaboración un banco de recetas de acervo cultural gastronómico santafesino". El Consejo, por su parte, es un órgano especializado que garantiza la interacción e intercambio de información entre todos los participantes para lograr el éxito de la implementación de las políticas de alimentación.

Motor para el sistema productivo local​

Hynes, que es también investigadora del CONICET especialista en tecnología de alimentos, destacó a su vez que la ley se plantea como un motor para el desarrollo económico local porque incorpora a productores y proveedores de servicios locales de alimentos en la cadena de suministros de los comedores financiados por el estado provincial.

"Muchos de los alimentos que figuran en los programas e iniciativas de alimentación pública provienen de grandes empresas y suele haber poco acceso a alimentos frescos y saludables producidos localmente. Por eso buscamos incluir en esta ley índices claros que aseguren que en un rango de cinco a diez años las empresas santafesinas, grandes y pequeñas, sean parte sustancial de las compras que realiza el estado en alimentos y de las viandas que reparte".

La diputada destacó que el proyecto reconoce que cumplir con los requisitos de calidad, cantidad y continuidad de la oferta representa un enorme desafío para los pequeños agricultores, que rara vez cuentan con recursos técnicos y financieros para adaptarse a las demandas de las iniciativas y programas de alimentación públicos. "Por lo tanto, esta ley contempla el apoyo a la producción y servicios de alimentación locales, la promoción de asistencia técnica, financiera y de innovación para que nuestros productores puedan mejorar su comercialización y abastecimiento, y también queremos promover el impulso del asociativismo y la cooperación para que puedan participar en mejores condiciones en el marco de la economía social y solidaria", concluyó.