Según el Censo Poblacional de 2010, la localidad cordobesa de Dique Chico tenía en ese momento 165 habitantes. Una comuna pequeña, a pocos kilómetros de Alta Gracia y a 50 de Córdoba ciudad.

En el inicio del Valle de Calamuchita este lugar tiene como principal actividad económica al turismo, con un incipiente movimiento, respecto a destinos vecinos.

Días atrás el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la medida cautelar que impide la aplicación de productos fitosanitarios en un radio de 500 metros alrededor del límite externo del predio donde funcionan la escuela rural Bernardo de Monteagudo y el jardín de infantes Mariano Moreno, en la comuna de Dique Chico. Esto, por entender que los niños, niñas y adolescentes constituyen un colectivo “especialmente vulnerables” y son “merecedores de una tutela ambiental reforzada o de mayor espesor”.

A partir de los 500 metros, los productores de la zona podrán seguir trabajando con la fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba pero fuera del horario escolar y con aviso a las autoridades de los establecimientos educativos. No se accedió a extender a mil metros el límite y abarcar a todo el pueblo.

Esta es una ratificación de lo que había ordenado en forma cautelar la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, suspendiendo la resolución de la Comuna de Dique Chico que estableció una zona de resguardo ambiental en todo el pueblo, pero protegiendo el predio escolar.

Se pidió también “al Ministerio de Salud que presente un programa para concretar un estudio de campo clínico-epidemio-toxicológico que también comprenda ‘a las personas mayores que habitan en las zonas aledañas’ adonde funcionan los establecimientos educativos, así como a ‘los habitantes de la comuna de Dique Chico’”.

Dice el TSJ que “no se ha violado el igual derecho que todos tienen de gozar de un ambiente sano y equilibrado. Solo se ha reforzado tal garantía sobre un colectivo especialmente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes que concurren al predio escolar. Esto, en la medida en que, específicamente respecto de ellos, la Cámara ha considerado que media ‘evidencia médica’ que tiene la relevancia suficiente como para ser atendida y como para activar las medidas que fueran necesarias para dar cumplimientos a los principios ambientales de prevención y precautorio”.

Aquí se dio lugar al reclamo por el derecho a la propiedad y su trabajo de los productores, pero también de los vecinos. Estos últimos vienen desarrollando reclamos hace años, con un vínculo muy estrecho con cierto sector político, que también tiene relación con lo que hace años se hizo en Alta Gracia en cuanto a restricciones de aplicaciones y que luego terminara transformándose en un emprendimiento inmobiliario.

“Vecines” hablan de fallo “engañoso”

En un comunicado reciente, este grupo se manifiesta en disconformidad con la definición judicial y solicita que se abarque más territorio con la medida. El grupo de “Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico”, así se denominan, emitió un comunicado en el que manifiestan “Glifosato y daño genético en niños/as de Dique Chico”.

En esta localidad gestionada desde hace varios mandatos por el justicialismo, se sostiene que con cinco años de “resistencia y lucha colectiva”, se decidió recurrir a “la Dra. Delia Aiassa y su equipo de profesionales comprometides con la ciencia digna, la realización de Estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país”. Es textual y dice comprometides.

La profesional es la misma que realizara estudios anteriores en esa provincia, como por ejemplo en Río Cuarto y los publicara en sitios predatorios, que exigen un pago para incluirlos, sin revisión de pares científicos.

“Glifosato y su metabolito -AMPA- . Los resultados son contundentes: una vez más, lo que antes fue considerado por la justicia como una probabilidad, hoy es una certeza que nos enfrenta a una verdad dolorosa”.

“Las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos ("daño genético") dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020”.

“Este estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 km de la capital, en el Valle de Paravachasca. Realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5Km de nuestra localidad y domiciliados en Dique Chico”.

Se cita a Aiassa en 2018. “Un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones / daño / rupturas”.  No se da detalle de cuál es el daño genético en este caso, salvo la presencia de componentes en los análisis de orina de 20 niños.

El comunicado avanza. “El agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?”.

Como en todos los casos de este tipo, la única alternativa es la prohibición de las aplicaciones, avanzar hasta los mil metros de limitación, e incluso se acusa al TSJ de generar un fallo “engañoso”, añadiendo que “nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre”, aunque las aplicaciones se hagan en las afueras de la localidad.

Se habla de la pérdida de “vecines” y de resistir “este modelo extractivista de despojo”.

“Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos” y agregan “jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

Más detalle

Consultando a médicos toxicólogos cabe destacar sus interpretaciones del caso.

“La cantidad de daño genético que se encontró en el estudio es la media que ya se había hallado en Marcos Juárez y Río Cuarto, por lo tanto, no es un número que alarme a la población”. En el caso de la primera localidad, el causante de las intoxicaciones no era el glifosato, sino el humo que se provocaba por incineración en los basurales y en ningún momento se hizo un análisis correspondiente del agua, para entender el vínculo entre los componentes hallados en los análisis. En Río Cuarto los resultados encontrados eran los mismos en las zonas de mayor complejidad planteadas por el estudio como en quienes estaban hasta tres mil metros de distancia.

En tanto, los micronúcleos encontrados no detallan en absoluto el dosaje de plaguicidas, entendiéndose que debería haber un desagregado de la cantidad de glifosato y AMPA en los análisis de orina de los niños estudiados.

No es menor el detalle siguiente, encontrar AMPA en orina no tiene relación con la toxicidad ambiental por vía inhalatoria de glifosato, que es el reclamo que subyace en la localidad. “El AMPA no se produce por vía inhalatoria, sino que aparece al ingerirlo en una comida o a través de una bebida. Es un residuo de un alimento”.

Lo que precisa el estudio es tener un mayor detalle sobre la exposición que estos niños tienen no sólo con respecto a las aplicaciones de fitosanitarios, sino las costumbres en sus hogares, e incluso con los servicios esenciales con los que cuentan, partiendo del consumo de agua de red o de napa y la composición de la misma. Avanzar incluso sobre el origen de los alimentos que consumen.

En Argentina no hay una certificación vigente de productos orgánicos, por lo tanto, mucho de lo que algunos consumen creyendo que está libre de aplicación alguna, la tienen y al no pasar por mercados concentradores donde el Senasa hace sus controles, con menos días de resguardo de la mercadería pueden terminar aportando a ingestas directas de productos con contaminantes que nada tienen que ver con la producción agropecuaria.

Es por tal motivo que la Justicia de Córdoba solicita la intervención del Ministerio de Salud de la provincia para dilucidar el vínculo entre las aplicaciones y los resultados de los análisis presentados.

El glifosato es probablemente cancerígeno, no hay comprobación directa en el mundo sobre la generación de mayores complicaciones tal como ciertos grupos radicalizados intentan instalarlo sin certezas comprobables.

Si está demostrado que algunos venenos que se usan en los hogares son más peligrosos para la salud que el mencionado producto, ya que son los responsables de la mayoría de las intoxicaciones que se dan en nuestro país.