31 de diciembre del 2019, faltan algunos minutos para que el reloj marque las 12 del mediodía. Gonzalo Glaría espera la luz verde del semáforo. Desde el Parque de los Eucaliptos, un joven llega hasta donde se encuentra para pedirle ayuda. Había sido víctima de un robo. 

Al ver que los presuntos delincuentes se daban a la fuga en una moto, Glaría aceleró y comenzó una persecución que acabó en calle Triunvirato, pasando el cruce con Gral. Paz.
Gonzalo se puso a la par de la motocicleta en la que se movilizaban Matías P. y Cristian M. e intentó detenerlos propinándole un puntapié al vehículo, haciendo que se desestabilizaran, pero también él cayó, golpeando contra un automóvil estacionado. 
Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron a Gonzalo sentado en la calle, visiblemente malherido. Segundos después, en el cuadro aparece Cristian M. Se acerca, lo insulta y le propina una patada en la cabeza para luego huir. 
Gonzalo muere a los pocos minutos, para la Fiscalía, como “resultado directo del peligro que las personas investigadas desplegaron para apoderarse de pertenencias ajenas”.
El caso generó conmoción, tristeza y enojo, que luego se tradujo en una de las movilizaciones más impactantes y multitudinarias que haya visto Rafaela. Pero eso es motivo de otro análisis. 
En Tribunales, la muerte de Gonzalo generó una división de interpretación de la doctrina jurídica. ¿Es el robo del celular y la muerte de Glaría un solo hecho? ¿O son dos circunstancias distintas? La respuesta a ese interrogante impacta de lleno en el monto de la pena que recibirían los dos acusados, quienes fueron capturados a los pocos días de ocurrido el luctuoso episodio. 
El 6 de enero del 2020, las Fiscales Gabriela Lema y Ángela Capitanio sentaron en el banquillo de los acusados a Matías P. y Cristian M. Aunque en dos audiencias separadas a pedido de las defensas. 
En ambos procesos estuvo el Juez Osvaldo Carlos, quien debía resolver entre dos posiciones. Por un lado, la de la Fiscalía de dejar a ambos acusados tras las rejas bajo la figura de "Homicidio en ocasión de robo"; Y por el otro, el de las defensas de los imputados, quienes señalaban que fue Glaría el “responsable” de su propia muerte.   
Tras cuatro horas de intensos debates, el magistrado avaló la postura defensiva y resolvió que ambos imputados continúen el proceso en su contra en estado de libertad. Decisión que devendría luego en una andanada de críticas. Incluso se habló de pedir un Juicio Político contra el Dr. Carlos. 
Un mes después, recurso de apelación de por medio, el Dr. Cristian Pablo Fiz, Juez Penal de Segunda Instancia de la Quinta Circunscripción, resolvió “disponer la prisión preventiva sin plazos para Matías Perea y Cristian Milessi”. 
Su falló fue contundente: “Sin lugar a dudas que la hipótesis de poner a cargo del resultado producido a la propia víctima repugna al sentido común.” Había señalado Fiz, en una interpretación jurídica diametralmente opuesta a la de Osvaldo Carlos.
Pero el caso no quedó allí. La apelación estaba vez vino de parte de las Defensas de los acusados, que seguían sosteniendo, no la inocencia de sus defendidos, sino la inconexidad del robo del celular primero, y la muerte de Gonzalo Glaría después.   
El 4 de diciembre del 2020, el Juez Matías Drivet, dio lugar a lo solicitado por la defensa, y Cristian M. recibió el beneficio de esperar el juicio en su contra bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Días después, como efecto dominó, Matías P. dejaba la Alcaidía y pasaba a cumplir su prisión preventiva en la casa de un familiar, a instancias de una decisión del Juez Juan Manuel Peralta.
El mismo Juez, es el que intervino en lo que se denomina una “Audiencia Preliminar” celebrada en mayo de este año, donde se conoció que la Fiscalía solicitará penas de 16 años de prisión para los dos investigados y donde seguirán insistiendo con la figura de homicidio en ocasión de robo. 
Hoy, a pocos días de cumplirse un segundo aniversario de la muerte de Gonzalo Glaría, lo que se sabe es que ya están dadas las condiciones para que se eleve la causa a juicio, y que finalmente un tribunal resuelva este caso, que, sin dudas, sentará una jurisprudencia que quedará marcada a fuego en la historia rafaelina.