RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. Rubén Daniel Rodríguez, de 46 años y conocido como “El Gordo Azul”, quedó en prisión preventiva este miércoles por la mañana, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, luego de una audiencia en la que se debatió no solo el hallazgo de droga en el procedimiento realizado por la Policía Federal, sino también las cuestionadas prácticas de investigación y la validez de algunos testimonios.
La causa comenzó a tomar forma tras una investigación por presunto narcomenudeo en barrio Villa Podio. El sábado pasado, personal de la Policía Federal allanó una vivienda ubicada en la esquina de Anduiza y Mosconi, donde Rodríguez residía junto a su pareja desde hacía aproximadamente dos meses. El operativo, cubierto por RAFAELA NOTICIAS, terminó con el secuestro de ocho envoltorios de marihuana con un peso total de 40 gramos, 18 envoltorios de cocaína que sumaban 6 gramos y material utilizado para el estiramiento de sustancias, como bicarbonato.
Pero el eje de la acusación no estuvo solamente en la droga encontrada. Según sostuvo la fiscal Analia Abreu, Rodríguez utilizaba la parte trasera de una casa en construcción que había ocupado de manera ilegal sobre calle Aguado, frente al Parque Villa Podio, como un punto de venta de estupefacientes. La modalidad, describió la funcionaria judicial, tenía una particularidad: las maniobras se realizaban a través de un portón cubierto con media sombra que tenía un hueco por donde se efectuaba el “pasamanos” entre droga y dinero.

La fiscal habló de un movimiento constante de personas que llegaban al lugar en busca de estupefacientes. “Más de diez personas” fueron observadas en distintas jornadas de vigilancia, incluso un menor de edad. Además, indicó que mientras se desarrollaba el allanamiento seguían acercándose personas al sector, aunque retrocedían al advertir la presencia policial.
Abreu también incorporó testimonios de vecinos que dijeron haber visto a Rodríguez vender droga e incluso fraccionarla dentro del lugar. Uno de ellos aseguró que nunca había denunciado formalmente por temor.
La situación del inmueble también formó parte de la discusión. De acuerdo con la acusación, el acusado estaba ocupando ilegalmente la vivienda y el propietario le había pedido reiteradamente que se retirara sin éxito.

“Nunca tuve droga”. Esa fue la única frase que pronunció Rodríguez ante el juez antes de que su defensor, el abogado Bruno Rosini, desplegara una fuerte crítica sobre la investigación.
La defensa cuestionó el procedimiento policial y sugirió que la droga podría haber sido “plantada”, al remarcar que no existe un registro fílmico completo del momento exacto en que los estupefacientes fueron encontrados. También puso bajo la lupa la forma en que se tomaron las declaraciones testimoniales.
Rosini sostuvo que varias actas presentan expresiones propias de la jerga policial y no del lenguaje cotidiano de los testigos, lo que a su criterio evidencia una “injerencia policial” en la construcción de los relatos. Además, consideró que muchos dichos carecen de detalles concretos y se basan en rumores o versiones.
Otro de los puntos discutidos fue la situación habitacional de Rodríguez. Mientras la Fiscalía habló de usurpación, la defensa afirmó que existía un acuerdo verbal con el dueño para ocupar la propiedad y deslizó que el propietario tendría “problemas de memoria”.
El abogado también hizo foco en el estado de salud de su defendido. Señaló que padece diabetes, utiliza stents y consume alrededor de diez medicamentos diarios, por lo que advirtió que una detención intramuros podría agravar su cuadro. Sumó además que Rodríguez, oriundo de San Cristóbal, no posee antecedentes condenatorios.
Con esos argumentos, pidió que recupere la libertad bajo normas de conducta o, subsidiariamente, que se le conceda prisión domiciliaria.

Al momento de resolver, el juez Nicolás Stegmayer validó buena parte de los cuestionamientos planteados por la defensa respecto de las falencias investigativas, aunque aclaró que eso no alcanzaba para derribar, por ahora, la hipótesis acusatoria.
El magistrado reconoció que hubo deficiencias en la grabación del allanamiento y también cuestionó la forma en que la Policía Federal tomó algunas entrevistas. Habló directamente de “malas prácticas” y “malformaciones policiales”, especialmente por el uso de expresiones técnicas o policiales en testimonios que debían reflejar palabras de vecinos.
“Comparto la crítica”, admitió el juez durante la audiencia. Sin embargo, aclaró que esas irregularidades no implican automáticamente que los testimonios sean falsos o que el allanamiento resulte inválido.
En ese sentido, Stegmayer consideró que la Fiscalía deberá profundizar la investigación y ampliar declaraciones testimoniales para robustecer la causa. Aun así, entendió que existe un grado de probabilidad suficiente para sostener la imputación.
Para el magistrado, los fines de comercialización surgen de un análisis conjunto de distintos elementos: la existencia de más de una sustancia, el fraccionamiento de la droga, la presencia de material de estiramiento y los testimonios que ubican a Rodríguez realizando maniobras compatibles con venta de estupefacientes.
También valoró las tareas de vigilancia que describían movimientos repetitivos de personas acercándose al portón con media sombra y breves intercambios en el lugar. “Se advierte una mecánica similar de pasamanos congruente con la comercialización”, sostuvo. Aunque reconoció que las tareas investigativas “están lejos de ser ideales”, entendió que alcanzan el estándar necesario para esta etapa inicial del proceso.
El punto central para dictar la prisión preventiva fue, según Stegmayer, el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El juez consideró especialmente delicada la situación de los testigos, algunos de los cuales manifestaron temor. En particular mencionó a una vecina señalada como testigo directa, cuya situación calificó como “absolutamente relevante”. Además, remarcó que en investigaciones vinculadas al narcomenudeo suele existir una complejidad especial por la posible intervención de otras personas o redes de contactos.
Por eso rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa y ordenó la prisión preventiva de Rodríguez por el plazo del procedimiento.
De todos modos, dejó abierta la posibilidad de revisar la situación si se presenta un informe médico que acredite que el encierro resulta incompatible con el estado de salud del imputado y si se ofrece un domicilio apto para una eventual prisión domiciliaria.
Finalmente, ordenó que el lugar de detención garantice la atención médica y la provisión de medicamentos que Rodríguez requiera.