El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Rafaela manifestó una postura firme frente a las medidas que intentó aplicar el Gobierno Municipal. La controversia comenzó cuando el Departamento Ejecutivo envió un memorándum a cada trabajador informando que establecería la implementación de controles de alcoholemia y narcolemia de "carácter aleatorio y preventivo" para los trabajadores durante el desarrollo de sus jornadas laborales.

Una solicitud formal de suspensión ante el Ejecutivo

La reacción del gremio fue inmediata tras conocerse las intenciones del gobierno municipal de iniciar estos testeos sin un marco regulatorio previo. A través de un comunicado oficial, el SEOM informó a sus afiliados y a la comunidad que procedió a solicitar formalmente la suspensión de la aplicación de dichos controles.
El argumento central de la entidad sindical radica en que cualquier medida de esta índole debe contar con un respaldo reglamentario sólido antes de ser ejecutada sobre la planta de trabajadores municipales.

Desde la conducción gremial se subrayó en aquel momento que la implementación de este tipo de políticas de control no podía ser unilateral ni arbitraria, ya que afectaba directamente las condiciones de trabajo y la privacidad de los agentes. Por este motivo, la exigencia de frenar los testeos se mantiene firme hasta tanto el Ejecutivo local acceda a discutir y aprobar un protocolo específico que regule el procedimiento de manera transparente.
El sindicato entendió que la falta de una normativa clara dejaría a los empleados en una situación de vulnerabilidad. Por ello, la presentación formal ante las autoridades municipales busca ahora poner un freno a una decisión que consideraron apresurada y carente de las garantías necesarias para asegurar un proceso justo y equitativo para todos los sectores involucrados en la administración pública

.La necesidad de un protocolo específico e integral

Para el SEOM, el núcleo del conflicto no residió en una oposición cerrada al control, sino en la ausencia de una normativa interna que brindara seguridad jurídica. El gremio sostuvo con firmeza que el protocolo demandado debía ser "específico e integral".
Esto implica que no solo debía determinar los aspectos técnicos de las pruebas de alcoholemia y narcolemia, sino también establecer con claridad los pasos a seguir en caso de resultados positivos, los mecanismos de contraprueba y el acompañamiento profesional para los trabajadores.
El requerimiento de un marco normativo integral buscó evitar situaciones de discrecionalidad que podrían haber surgido de controles aleatorios sin la debida fiscalización sindical. Según lo expresado por la organización, resultó imperativo que cualquier medida adoptada se adecuara estrictamente a las leyes vigentes, garantizando que no se vulneraran derechos laborales fundamentales bajo la premisa de la prevención de riesgos.
La dirigencia sindical insistió en que la transparencia del proceso es fundamental para mantener el clima laboral. La exigencia de este protocolo integral es vista como una herramienta para dotar de legalidad a una iniciativa que, de haberse aplicado de forma precaria, habría derivado en conflictos judiciales prolongados y un malestar generalizado en las dependencias municipales de la ciudad de Rafaela.

Enfoque en la salud y la seguridad de los trabajadores

El eje fundamental del reclamo se desplazó de lo punitivo hacia una perspectiva de bienestar social y laboral. En su postura, el SEOM hizo especial hincapié en que cualquier medida de control debe mantener un enfoque orientado exclusivamente a la salud, la seguridad y, sobre todo, al cuidado de los trabajadores y trabajadoras. El gremio rechaza de plano que estos operativos puedan adquirir un fin meramente persecutorio o sancionatorio.
La postura sindical se enfoca en que el cuidado del personal debía ser la prioridad absoluta de cualquier gestión de recursos humanos en el ámbito público. En este sentido, la implementación de controles de sustancias debería -según el gremio estar vinculada a programas de asistencia y prevención, asegurando un entorno de trabajo seguro sin descuidar la integridad humana de quienes desempeñaban sus funciones para la comunidad.