"Existe la necesidad de ejercer un mayor control sobre las transferencias de propiedad de bicicletas, a fin de contribuir a la eliminación de robos de rodados en nuestra ciudad". Así expresa el considerando de la ordenanza 3523 sancionada por el concejo municipal en agosto del 2004, es decir, hace 16 años. Nada ha cambiado en la modalidad delictiva de la ciudad, o mejor dicho ha empeorado en lo que respecta al robo de bicicletas. Ahora el blanco predilecto de los delincuentes son las SLP, llegándose a robar en ocasiones hasta 5 por día. ¿Dónde van esas bicicletas robadas? ¿Se venden en la ciudad? ¿Existe algún tipo de organización mayor para trasladarlas a otras localidades o solamente se ofrecen por las redes sociales? Según los procedimientos que realiza la policía, varios de esos vehículos robados quedan en Rafaela y son vendidos en los barrios, por lo que habría que preguntarse si el acuñado que debe garantizar el municipio a pedido del vecino ayudaría a identificar esas bicicletas robadas y así a recuperarlas. Lo que la ordenanza mencionada establece es que cualquier persona mayor de 16 años puede grabar en el cuadro de su bicicleta 11 dígitos para registrarla (en esos números se incluye el documento del propietario). Además los dueños de las bicicletas deben acreditar sus datos y los del rodado de su propiedad en forma obligatoria en el Registro de Identificación y Antecedentes de Propietarios de Bicicletas. Además, todo ciclista está obligado a demostrar en la vía pública la propiedad del rodado ante quien corresponda, con su DNI. Si no puede hacerlo, se le retendrá el vehículo.
Un pedido de informe del concejal Viotti a fines del 2018 había puesto la mira sobre este tema para conocer si el sistema estaba o no funcionando correctamente, y si de parte del Estado local había algún tipo de campaña para que los vecinos opten por acuñar sus vehículos. Es que para la oposición esta ordenanza no tuvo el éxito esperado porque los ciudadanos no la conocen, es decir, no saben que pueden acuñar sus vehículos, ni dónde hacerlo. De hecho, en el 2018 se acuñaron solamente 4 bicicletas. En tanto, para el ejecutivo, fueron los propios vecinos los que dejaron de utilizar el servicio.
En el 2019, el acuñamiento se sumó al programa Rafaela en Acción (antes se hacía en la sede de Control Público en Bv. yrigoyen) logrando una mayor adhesión de los vecinos. Llegando el año pasado a 54 vehículos acuñados, un número muy superior al del año anterior pero todavía muy bajo si se lo compara con el universo de bicicletas que hay en la ciudad. En este 2020, con la pandemia, Rafaela en Acción dejó de funcionar por lo que también se paró con el acuñado de vehículos. Lo cierto es que si el primer paso que es el acuñamiento no se cumple, difícilmente se puede continuar con el siguiente, que es el control en la vía pública y la detección de lo robado.